La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, cuestionó duramente los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre los resultados de la primera vuelta electoral y aseguró que sus declaraciones representan un riesgo para la institucionalidad democrática del país.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Gutiérrez calificó la situación como “inaceptable” y sostuvo que no se trata de una diferencia ideológica o de un debate político ordinario, sino de que el jefe de Estado esté poniendo en duda un proceso electoral que, según recordó, fue reconocido por las autoridades competentes y acompañado por organismos internacionales.
La dirigente gremial destacó que la jornada electoral contó con el acompañamiento de la Comisión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Republicano Internacional y más de 1.000 observadores internacionales pertenecientes a 26 organizaciones.
¿Por qué considera que se afecta la institucionalidad?
La presidenta del Consejo Gremial Nacional afirmó que el presidente no puede utilizar su investidura para intervenir en política ni para promover acusaciones de fraude electoral sin pruebas suficientes.
Según señaló, las declaraciones realizadas desde la Presidencia tienen un peso institucional que trasciende una opinión personal y pueden afectar la confianza ciudadana en el sistema democrático.
“Desde la Presidencia, esas palabras no son opiniones aisladas sino que son mensajes con poder institucional orientados a debilitar la institucionalidad, confundir a los colombianos y exponer al país a un conflicto solo por su capricho”, expresó.
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La dirigente gremial agregó que la democracia funciona sobre principios básicos como el respeto por el voto ciudadano, el cumplimiento de las funciones de las autoridades electorales y el acatamiento de las decisiones judiciales. A su juicio, cuando el propio presidente desconoce esa estructura institucional, se genera un golpe a la confianza pública.
Presunto desacato
En su pronunciamiento, Gutiérrez también hizo referencia a una decisión judicial relacionada con las afirmaciones del mandatario sobre presunto fraude electoral.
La dirigente sostuvo que existe un fallo que ordenó al presidente rectificar esos señalamientos y advirtió que insistir en esa narrativa, pese a la existencia de una orden judicial, implica desconocer igualmente el papel de los jueces dentro del Estado de derecho.
Por esa razón, convocó al Consejo de Estado a declarar al mandatario en desacato.
“Quien no respeta el sistema electoral, quien no respeta a los jueces y quien no respeta la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas, no está defendiendo la democracia: la está debilitando desde adentro”, manifestó.
Respaldo a la Registraduría y a las autoridades electorales
El gremio también expresó su respaldo a la Registraduría Nacional y a las demás autoridades encargadas de garantizar el proceso electoral.
Según indicó, defender la independencia, legitimidad y labor de estas instituciones no significa respaldar a un gobierno o a una colectividad política determinada, sino proteger el voto de los ciudadanos y el funcionamiento de la democracia.
Asimismo, cuestionó que el reconocimiento de los resultados electorales se produzca de manera tardía o parcial. En su concepto, aceptar posteriormente los resultados de una elección no elimina el impacto generado por acusaciones previas de fraude sin sustento.
“Las acusaciones de fraude, cuando se hacen sin sustento, viajan más rápido que cualquier rectificación y dejan instalada una sospecha injustificada sobre todo el proceso democrático”, señaló.
En la parte final de su declaración, Gutiérrez sostuvo que el sector productivo mantiene su disposición al diálogo, pero enfatizó que existen principios que considera irrenunciables para el desarrollo económico y social del país.
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Entre ellos mencionó la institucionalidad, las reglas claras, la estabilidad, la confianza, la inversión, la generación de empleo y el respeto por la democracia, la ciudadanía y la Constitución.
Por ello, afirmó que el país no debe guardar silencio frente a lo que calificó como participación indebida en política, discursos de fraude sin pruebas y desconocimiento de decisiones judiciales.
“Defender la democracia exige poner límites claros a quienes pretenden erosionarla desde el poder”, concluyó
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