El cierre fiscal del año dejó una alarma encendida. De acuerdo con el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, la caja de la Nación tocó fondo el pasado 5 de diciembre, cuando cayó a apenas $1,4 billones, el nivel más bajo del que se tenga registro en la historia reciente.
Detrás de ese mínimo histórico hay una combinación peligrosa, que incluye un gasto público que se acelera con fuerza en el tramo final del año y unos ingresos tributarios que no logran repuntar. El resultado es una caja cada vez más apretada, que refleja las crecientes tensiones de las finanzas públicas.
“El movimiento se da por las altas presiones de gasto que enfrenta la Nación a fin de año en medio de un recaudo que se mantiene débil. Al final, solo la mayor emisión de deuda podría mejorar la caja”, se lee en el reporte.
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En palabras del director de Investigaciones del banco, Camilo Pérez, en un mes normal el Gobierno suele ejecutar $30 billones, lo que significa que con $1,4 billones “solo habría disponibilidad para un día de gasto”. Y si surgiera una emergencia que exigiera recursos inmediatos, “no habría plata suficiente para cubrirla”.
El analista insiste en que el verdadero freno al gasto del Gobierno ahora no es político, sino “la caja, la caja, la caja”. En el corto plazo, la Nación ha recurrido a operaciones de liquidez entregando sus propios títulos como garantía. Esto, dice, “solventa la situación”, pero no corrige el problema estructural.
A todo este panorama se suma un ingrediente político adicional. El economista Germán Machado recuerda que el gobierno Petro ha advertido sobre la posibilidad de declarar una emergencia económica porque el Congreso no aprobó recursos para el 3% del presupuesto de 2026.
Sin embargo, señala que entre 2022 y 2024 dejaron $49 billones sin ejecutar, y en 2025 sumarían otros $25 billones que tampoco se usarían. Para 2026, añade, el Ejecutivo tampoco ejecutaría el Presupuesto General de la Nación completo.
Tras esta paradoja de una caja en mínimos y un presupuesto rezagado sin ejecutar, William Reyes Garcías, investigador y analista de política social del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, asegura que el Gobierno se está viendo obligado a controlar el Plan Anual de Caja (PAC) de las entidades del orden nacional para poder pagar algunas obligaciones de este año, con el presupuesto de 2026.
Esto podría generar un nivel alto de rezago presupuestal, al igual que este año, donde se ejecutaron más de $50 billones que venían rezagados del presupuesto 2024.
“La acumulación de ese rezago generará presiones adicionales sobre el balance primario el próximo año, lo que sumado a la no aprobación de la ley de financiamiento y nuevas presiones de gasto dificultará que se retorne a una senda de consolidación fiscal en el mediano plazo”, enfatiza Reyes.
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Cabe precisar, según Julio Romero, economista jefe de Corficolombiano, que son dos situaciones distintas, aunque conectadas.
“Los 25 billones sin ejecutar no necesariamente están disponibles en caja ni pueden ser reasignados discrecionalmente por el gobierno en la vigencia 2025”.
Explica que la subejecución del presupuesto deja en evidencia una baja capacidad del Estado para gastar los recursos que tiene asignados. El problema se concentra en algunas entidades y ocurre cuando no logran comprometer ni ejecutar a tiempo el dinero aprobado.
Cuando esto pasa, aclara Romero, los recursos pueden perderse porque no se usan dentro del año fiscal, o quedan aplazados para el siguiente periodo a través de reservas presupuestales, retrasando obras, programas y pagos previstos.
Por otro lado, “la baja caja del gobierno refleja que los ingresos fiscales no van al ritmo de los gastos, y puede llevar a aumentar la emisión de deuda pública para cubrir pagos inaplazables”.
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Retrasos en pagos a contratistas y recortes al presupuesto general
Esta presión sobre la caja ya se sintió en el pago de salarios a contratistas del Gobierno Petro. En la mañana de este 18 de diciembre se conoció un correo interno del Ministerio de Hacienda dirigido a sus funcionarios, en el que se detallan cambios en el calendario de pagos a contratistas, lo que desató una nueva polémica.
Según el mensaje, los pagos de las cuentas de cobro correspondientes a noviembre se harán con cargo al presupuesto de diciembre, mientras que las obligaciones causadas en diciembre se cancelarán en enero del próximo año.
En el documento, fechado el 16 de diciembre, el Ministerio señala que “las prestaciones de servicios (...) que queden pendientes de la vigencia 2025 se pagarán en enero, una vez se realicen por parte de su entidad las gestiones correspondientes en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación)”.
Tras la difusión de la información, el Ministerio de Hacienda salió al paso de las críticas y aseguró que el mensaje fue malinterpretado. La cartera explicó que no se trata de un incumplimiento, sino de la dinámica habitual de los pagos, que se realizan mes vencido, una vez se presentan y tramitan las cuentas de cobro.
Y, por otro lado, el Ministerio de Hacienda confirmó que al cierre del año se aplicará un recorte adicional de al menos $2,3 billones al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025. Este ajuste se suma al primer tijeretazo de $12 billones establecido en el Decreto de Aplazamiento, en un escenario en el que cerca del 92% del gasto público es inflexible.
Según el Gobierno, la medida actual va más allá de los efectos derivados de la no aprobación de la Ley de Financiamiento de 2025 y constituye un “esfuerzo adicional de consolidación fiscal”, orientado a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y a fortalecer la disciplina en el manejo del gasto.
“Dada la necesidad explícita de un ajuste estructural del gasto de mediano plazo, se han adelantado acciones interinstitucionales orientadas a la revisión de la eficiencia del gasto público. Estos ejercicios tienen como objetivo identificar espacios para realizar ajustes permanentes que mejoren la calidad del gasto, contribuyendo a una senda fiscal más sostenible”, indicó la cartera.
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¿Cuáles son los problemas del cierre fiscal de 2025?
Henry Amorocho advierte que el cierre fiscal de 2025 estará marcado por un problema serio de liquidez y una alta subejecución del presupuesto. A su juicio, la cifra de recursos sin ejecutar podría ser incluso mayor a la estimada inicialmente. “Con los datos del propio Ministerio de Hacienda, a noviembre hay un saldo de $106,7 billones por obligar. Estamos a pocos días de cerrar el año y eso indica que la inejecución puede superar fácilmente los $25 billones”, señala.
El economista explica que, aunque el presupuesto vigente para 2025 asciende a $526,7 billones, solo se han comprometido $448 billones. “Ahí incluso se está contando una parte del presupuesto que dependía de una reforma tributaria que no fue aprobada. Por eso, el faltante real de ejecución podría estar entre $50 y $60 billones, una cifra bastante alta”, alerta.
En materia de pagos, Amorocho reconoce que el Gobierno ha mostrado un desempeño relativamente mejor. “Se ha obligado el 85,1% del presupuesto y se ha pagado el 76,6%, unos $403,6 billones. No hay una brecha tan grande entre lo comprometido y lo pagado”, explica.
Sin embargo, aclara que aun así quedaría una presión importante de caja. “Al final del año podrían quedar cerca de $45 billones como cuentas por pagar”.
El mayor problema, dice, está en la inversión pública. “La inversión es la cenicienta de esta ejecución presupuestal”, resume. Aunque en el papel se reporta una ejecución superior al 85%, la realidad es distinta. “Se han comprometido $67,3 billones, pero solo se han obligado efectivamente $43,2 billones. Eso significa que la ejecución real de la inversión es apenas del 51%”, señala, lo que se traduce en retrasos en la entrega de obras, bienes y servicios.
A esto se suma el rezago presupuestal que viene desde 2024. “El año arrancó con un rezago de $62,3 billones. De ese monto se ha pagado efectivamente $51,1 billones”, explica Amorocho. En consecuencia, “al cierre de 2025 quedarán cerca de $11,2 billones que no se podrán pagar”, recursos que no pueden pasar como reservas y deberán reconocerse como vigencias expiradas o pasivos exigibles.
Para el economista, las conclusiones son claras. “Primero, no se va a honrar completamente el rezago presupuestal, quedarían $11,2 billones pendientes. Segundo, la inversión pública sigue muy rezagada, cerca de la mitad del presupuesto sin ejecutar, lo que impide que el Estado cierre la brecha que ha dejado la baja inversión privada”.
Y tercero, reseña, “se estarían acumulando cuentas por pagar cercanas a $45 billones y una inejecución total de al menos $50 billones”.
Además, Amorocho lanza una alerta adicional: “Al déficit fiscal de este año, cercano al 6,7% del PIB, habrá que sumarle esos $11,2 billones del rezago que no se pagó. Eso empeora aún más el panorama fiscal y deja una pesada herencia para la siguiente vigencia”.
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¿Qué pasa con los ingresos, gastos y deuda del Gobierno Petro?
¿Qué hay de fondo? El aumento sostenido de las tasas de los TES a 10 años es, para Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de Eafit, una señal clara de que la fragilidad fiscal de Colombia no es coyuntural, sino persistente. Desde enero de 2022, estos títulos han subido cerca de 52% y hoy rondan el 12,9%, luego de haber tocado un pico de 13,11% a mediados de diciembre.
Para el economista, el mensaje del mercado es directo: el riesgo fiscal se está cobrando más caro.
Los números del Gobierno confirman esa presión. Según los datos más recientes del Ministerio de Hacienda, en los últimos 12 meses el gasto público llegó a $412,4 billones, equivalente al 23% del PIB, mientras que los ingresos apenas alcanzaron $296,3 billones, el 16,5% del PIB.
El resultado es un déficit de $115,9 billones, es decir, 6,5% del PIB. Entre enero y octubre de 2025, el hueco fiscal ya sumaba $85,5 billones, o 4,7% del PIB.
Ese desbalance, explica Montañez-Herrera, se traduce casi automáticamente en más deuda. En octubre de 2025, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central llegó al 64,1% del PIB, el nivel más alto desde 2001 y comparable con los registros de la pandemia.
“En apenas nueve meses pasó de 56% del PIB a comienzos de año a ese 64,1%, y frente a octubre de 2024 aumentó seis puntos porcentuales”, detalla el experto.
En plata blanca, el endeudamiento del Gobierno creció en unos $376 billones entre agosto de 2022 y octubre de 2025, hasta sumar cerca de $1.181 billones, alrededor del 65% del PIB. “Más déficit hoy es igual a más deuda mañana”, resume el investigador, al advertir que este salto no responde a un choque externo extraordinario, sino a un fuerte desorden en las cuentas públicas.
Por eso, Camilo Herrera Mora, fundador de la firma Raddar, lo resume así: “La economía crece por la deuda pública. El gobierno se endeuda mucho para crecer”.
A su vez, la deuda neta tampoco da tregua. Al tercer trimestre de 2025 se ubicó en 57,8% del PIB, frente a 52,4% dos años atrás. En términos absolutos, aumentó en $224 billones desde 2023 y en $93 billones frente a 2024. Para Montañez-Herrera, estas cifras no son abstractas, “son compromisos que se pagan con impuestos y que reducen el espacio para financiar salud, educación o vivienda”.
El impacto ya se siente en el bolsillo de los hogares. En 2025, las tasas de los TES a 10 años han estado, de manera inusual, por encima de la tasa hipotecaria durante todo el año, empujándola al alza.
“Más déficit y más deuda elevan la prima de riesgo del país, encarecen los TES y terminan traduciéndose en créditos más caros para las familias”, indica el investigador económico.
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Además, el exministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, agrega que el desorden fiscal le resta espacio de maniobra al Gobierno en el presupuesto nacional, en especial, la inversión social (hospitales, escuelas, vías, etc).
“Hoy pagamos 50% más de costos e intereses de deuda pública que en 2022. Lo anterior, fruto de la incertidumbre, desconfianza y riesgo que proyectan las políticas fiscales de gobierno”.
El rector de la EAN insiste en que lo anterior eleva aún más la deuda y el déficit total, y por eso en 2026 serán las cifras más altas en la historia del país.
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