Los datos del mercado laboral causaron un choque de interpretaciones entre el sector privado y el Dane. La controversia estalló con una cifra puesta sobre la mesa por Bruce Mac Master, presidente de la Andi: entre 2023 y marzo de 2026, Colombia ha perdido 500.000 empleos formales.
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Según el dirigente, las familias colombianas están siendo expulsadas del único sistema que les otorga derechos, quedando a merced del “rebusque” y la informalidad, donde el 80% de los afectados percibe ingresos inferiores al salario mínimo.
Para Mac Master, existe una “inconsistencia profunda” entre lo que reporta el Gobierno a través del Dane y la realidad de los registros administrativos. Su análisis se basa en el comportamiento de la PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) y los datos de la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales), que son las fuentes que muestran quiénes están cotizando realmente al sistema de seguridad social.
Según el líder gremial, esta base de datos, que refleja el grupo que verdaderamente está en la formalidad, viene en un declive sostenido. Calificó como paradójico que un gobierno que habla de la defensa de los trabajadores presente estas cifras de expulsión del sistema formal, dejando a medio millón de personas sin protección social.
¿Qué responde el Dane a la Andi?
La respuesta del Dane no se hizo esperar. Piedad Urdinola, directora de la entidad, fue enfática al señalar que las críticas parten de una confusión sobre las metodologías. Urdinola recordó que el Dane utiliza la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), un operativo basado en estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según la funcionaria, los registros de la PILA, y las encuestas de hogares son fuentes con alcances distintos y no son directamente comparables.
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Desde la entidad se explicó que la medición de la informalidad sigue lineamientos rigurosos. Por ejemplo, se consideran informales a los independientes cuyas unidades económicas no tienen registro mercantil o contabilidad, y a los asalariados que no cuentan con cotizaciones a salud y pensión vinculadas a su empleador.
En contraste, por definición técnica, todos los trabajadores del sector público son catalogados como formales. El Dane insiste en que su metodología es abierta y no ha sufrido cambios desde 2021, lo que garantiza la transparencia del dato oficial frente a los registros administrativos de seguridad social.
La lupa de los expertos sobre los cotizantes
Daniel Gómez, economista y exsubdirector de Planeación Nacional, aportó datos que respaldan la preocupación gremial. Según sus cálculos basados en la PILA, los trabajadores formales pasaron de 11,8 millones en 2023 a 11,3 millones en marzo de 2026.
Al desagregar estas cifras, el panorama es más agudo para el sector privado: mientras el empleo público creció levemente, el empleo privado formal registrado ante la UGPP sufrió una caída de más de 530.000 puestos en poco más de dos años.
Este análisis sugiere que la destrucción de empleo de calidad se está concentrando en las empresas privadas, lo que coincide con la alerta de la Andi sobre la pérdida de dinamismo empresarial.
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Para los expertos, aunque la tasa de desempleo general bajó al 9,2% en febrero de 2026, este indicador puede estar desconociendo un deterioro estructural donde los puestos registrados en la PILA son reemplazados por ocupaciones precarias o por un aumento de personas que salen de la fuerza laboral.
El desplome del agro y la crisis de la formalidad rural
Un punto donde ambas visiones convergen es en el estado crítico del sector agropecuario. Las cifras del Dane muestran que el agro lideró la destrucción de puestos de trabajo con una pérdida de 363.000 empleos en el último año hasta marzo. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, atribuye este fenómeno a las crisis en cultivos de ciclo corto como la papa y el arroz, sumado a la caída de precios internacionales y el impacto de factores climáticos que han golpeado la estacionalidad de las cosechas.
La situación en el campo es especialmente alarmante debido a la informalidad, que en el sector agropecuario alcanzó un 85,7% en el último trimestre. Raúl Ávila, analista económico, añade que el alto costo de insumos importados y una tasa de cambio inestable han dificultado la operación de los productores.
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