Una mezcla de preocupación, impotencia y mesura. Eso se aprecia en las palabras de Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) al hablar de la necesidad de que el país, empezando por el Gobierno, comprenda que los más perjudicados con la crisis del sector son todos los colombianos.
La ecuación es sencilla: si las petroleras venden menos, el Gobierno deja de recibir billones de pesos en regalías y otros impuestos; a su vez, esto se traduce en recortes presupuestales y aumento de la deuda pública; y, de paso, la economía colombiana crece más lento; al final, se arriesgan miles de empleos y vuelve el fantasma de perder la autosuficiencia en crudo y derivados como la gasolina.
Al verlo en cifras de la ACP, la cosa es así: el sector petrolero llegó a ser el 23 % de ingresos fiscales de la Nación al año, solo en la última década se aportaron 200 billones de pesos (30 veces la venta de Isagén) y cuatro veces el valor de los proyectos viales de cuarta generación (4G).
Si en 2014 solo en regalías (impuesto a la explotación del subsuelo) se giraron 8,2 billones de pesos, para este año se estiman solo 3,5 billones. Y a eso se suma que, con todo y la caída de precios, petróleo y derivados son el 31,3 % de exportaciones del país, lo que trae dólares al país y ayuda a contener un dólar caro.
“Por eso nadie, con mínima cordura, podría considerar que Colombia debe conformarse con una industria petrolera lánguida y venida a menos y con sus consecuencias”, asevera Lloreda.
Pero, aunque él no lo dice, lo cierto es que el Gobierno descuidó esa gallina de los huevos de oro, así viera el declive de precios internacionales del crudo desde junio de 2014. Aunque con el plan de reactivación económica Pipe 2.0 se plantearon medidas, en la práctica, las más necesarias aún están por tomarse.
Las petroleras se han apretado el cinturón, han reducido costos, ajustado presupuestos y ganado eficiencia como nunca antes. Pero todo esfuerzo tiene un límite. Contra las cuerdas, las medidas para que el sector no vaya como el cangrejo, ahora dependen de factores externos y están en manos del Gobierno.
Y todo esto ya lo sabe el presidente Juan Manuel Santos, quien recibió a Lloreda y empresarios del sector la semana pasada. “No fuimos a pedirle dádivas al Gobierno, le solicitamos incentivos para ser más competitivos y que la industria se fortalezca”, dijo el dirigente gremial a Colprensa el jueves pasado.
Lo cual empieza por un tema prioritario, bajar las tarifas de transporte por oleoductos. Hoy ese servicio está en manos de Cenit, filial de Ecopetrol. Pero con el flujo de efectivo apretado, difícilmente la petrolera de mayoría estatal se dispondría a cobrar menos por el crudo de terceros.
No obstante, desde hace meses la ACP hizo una propuesta al Ministerio de Minas y Energía para reducir las tarifas, con tal de que no esté en riesgo un volumen grande de la producción nacional de crudo. Pero hasta ahora esa cartera no se ha pronunciado y Santos, en la reunión con el sector, apenas esbozó un anuncio al respecto en próximos días.
Y mientras la incertidumbre continúa, el llamado goverment take, participación del Estado sobre las utilidades de las petroleras alcanza 70 %, vía impuestos, regalías y derechos económicos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Sin duda, esa alta carga de impuestos pone a Colombia en desventaja frente a pares como México o Ecuador.
Además la exploración está casi paralizada, la sísmica está a niveles de hace 10 años y ya comienzan a cerrarse campos petroleros, pues simplemente las ventas no cubren la producción. Para ajustar, fallos judiciales perforan la seguridad jurídica de largo plazo que requiere el sector (ver Dicen de...).
Sobre estos temas y la urgencia de medidas que escapan a las petroleras, así respondió un preocupado Lloreda a EL COLOMBIANO:
¿Por qué urge bajar tarifas de transporte?
“En este momento para la mayoría de las empresas la decisión de cerrar o no un campo petrolero depende de los costos de transporte que terminan significando hasta el 50 % de los costos operativos, expresados en mover carrotanques, descargue y tarifa de oleoducto”.
¿Cuánto es eso en costos operacionales?
“El 80% de empresas nos indican que sus costos operacionales están entre 20 y 30 dólares por barril, de eso entre 7 y 10 dólares se va en extracción y entre 10 y 20 dólares en transporte. Con ingresos promedio de 25 dólares por barril, si a eso resta lo que vale sacarlo y transporte, no queda nada. Eso significa en el corto plazo que muchos proyectos no sean rentables. No dudo que el Ministerio (de Minas y Energía) entiende lo crítica de la situación y confiamos que tome pronto decisiones”.
Pero de fondo lo que faltan son oleoductos, pues crudo con rumbo a China se va por el Atlántico...
“Cualquier forma de solución pasa por entender esa necesidad. Para que haya oleoductos se necesita producción y si no hay reservas, tampoco serán viables esos oleoductos en largo plazo. Colombia quintuplicó su exportaciones de crudo a Asia y hoy China e India compran casi la mitad de lo que se exporta y todo el sistema de oleoductos mira al norte. El 95 % del crudo sale por la Costa Atlántica y toca darla vuelta por el sur de África para llegar a Asia, es absurdo”.
¿Acaso los privados no pueden construir esos oleoductos hacia el Pacífico?
“No es factible financiarlos solo por privados, como ya han dicho las proyecciones de la Upme (Unidad de Planeación Minero Energética). Debemos usar formas de alianzas público-privadas (APP) y que también haya recursos del presupuesto nacional. Así como hay para financiar concesiones viales, debería haberlo para nuevos oleoductos”.
¿Qué otras medidas urgentes están en manos del Gobierno?
“Se debe agilizar la devolución de anticipos de impuestos pagados a la Dian. Su director (Santiago Rojas) entiende el problema y tenemos una agenda de trabajo para que esas devoluciones se hagan rápido. Lo cierto es que no tiene sentido que la necesidad de caja del Gobierno se haga a expensas de necesidades de caja de las empresas petroleras”.
¿La próxima reforma tributaria requiere un capítulo petrolero?
“Hay que esperar lo que defina el Gobierno en su propuesta, que se espera sea integral. El sector petrolero es uno de los más gravados, al punto que mediante impuestos son todos los colombianos los principales accionistas de la producción petrolera. Hoy, comparado con años anteriores, tenemos un régimen fiscal que nos hace menos competitivos. El 40 % de empresas asentadas en Colombia desplazaron capital hacia otros países, ¿la razón? El régimen impositivo”.
vale, en promedio, el transporte de un barril de petróleo, más de lo que vale sacarlo, entre 7 y 10 dólares.
