Las empresas generadoras de energía agrupadas en Acolgen expresaron su preocupación por la expedición del Decreto 1072 de 2025, por parte del Ministerio de Minas y Energía, con el que se pretende frenar los altos precios de este servicio público en Colombia.
De acuerdo con la agremiación las medidas contenidas en dicho acto representan una intervención desproporcionada en el mercado que atenta contra la libre competencia, la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas y la confiabilidad energética del país a largo plazo.
Desde la entidad que preside Natalia Gutiérrez Jaramillo se indicó que la medida más perjudicial del Decreto es la obligación impuesta a los generadores hidráulicos de vender “al menos el 95% de la generación horaria” mediante contratos. “Esta disposición es, en la práctica, un atentado a la libertad de empresa y contratación de las empresas, que se opone en forma directa a la Ley 143 de 1994, según la cual las transacciones en el mercado de energía mayorista son libres y que, adicionalmente, elimina la capacidad de los generadores de optimizar su recurso y cubrirse eficientemente ante fluctuaciones hidrológicas”, se explicó.
Igualmente, se insistió en que hay una vulneración del principio de igualdad ante la Ley y distorsiona la competencia en el mercado. “Es imperativo señalar que la norma establece un trato regulatorio desigual que afecta la libre competencia entre tecnologías. Específicamente, se impone una obligación de contratación únicamente a la tecnología hidráulica, excluyendo a las demás fuentes de generación (solar, eólica y térmica). Dicha diferenciación genera una significativa ventaja competitiva para unas tecnologías sobre otra, un punto que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ya había señalado y que fue omitido en la versión final del decreto”, se lee en el comunicado de Acolgen.
Riesgos para la sostenibilidad financiera y futuras inversiones
El gremio de los generadores advierte que la norma crea un entorno de alta incertidumbre regulatoria y financiera que desincentiva la inversión en el sector, afectando la rentabilidad de los agentes al obligar a los generadores a comprometer su energía en contratos, estableciendo barreras para nuevos proyectos. “Una intervención tan drástica y con un plazo de implementación de tan solo tres meses envía una señal negativa a los inversionistas, quienes percibirán a Colombia como un mercado de alto riesgo regulatorio, frenando la construcción de nuevos proyectos, los cuales son fundamentales para garantizar que haya suficiente energía para cubrir el consumo del país”, se agregó.
En otro apartado se indicó que hay un desconocimiento de la naturaleza técnica del recurso hídrico, pues la norma parece ignorar la naturaleza variable de la hidrología (lluvias), por lo que forzar una contratación del 95% a nivel horario es operativamente inviable y riesgoso.
De acuerdo con Acolgen un generador no puede prever con total certeza cuánta agua tendrá disponible en una hora específica. Adicionalmente, el incumplimiento de estos contratos forzados podría traer sanciones y sobrecostos que no han sido medidos. También se recordó que la bolsa de energía es el mecanismo idóneo para gestionar la variabilidad, y el decreto la neutraliza.
Soluciones ineficientes y complejidad regulatoria
El decreto ordena a la CREG diseñar en tiempo récord “mecanismos de contratación flexibles”. Esto, en lugar de simplificar, añade una capa de complejidad regulatoria que puede resultar ineficiente y burocrática. De este modo, el gobierno diagnostica una falla de mercado y, en lugar de corregirla con incentivos, opta por una sobrerregulación que podría generar mayores distorsiones. Su texto menciona análisis técnicos y consultas con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), pero la medida final (el umbral del 95%) es una regla rígida que no parece considerar las alternativas de mercado que la propia SIC sugirió, como los esquemas voluntarios o con incentivos.
En conclusión, Acolgen estima que el Decreto 1072 de 2025, bajo la justificación de proteger a los usuarios vulnerables, impone una camisa de fuerza a los generadores hidráulicos que debilita los principios de un mercado competitivo y eficiente. “Las consecuencias a mediano y largo plazo serán contraproducentes y se reflejarán en menores inversiones en generación, poniendo en riesgo la cantidad de energía disponible a futuro, y estableciendo riesgos financieros para las empresas generadoras, que son el pilar del sistema eléctrico, y para los consumidores por la desarmonización del mercado”, se alertó.
Acolgen pidió al Gobierno Nacional suspender la aplicación de este decreto y abrir un diálogo técnico y constructivo con los agentes del mercado. “Existen mecanismos más eficientes para proteger a los usuarios sin destruir la estructura del mercado que ha garantizado la confiabilidad energética de Colombia durante décadas”, se insistió.
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