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El acaparamiento de tierra, minería ilegal, cultivos ilícitos, ganadería extensiva, mala planificación en la infraestructura vial y ampliación de la frontera agrícola se conjugaron nuevamente en 2019 para acabar con 158.894 hectáreas de bosque en el país.
Según los resultados oficiales que entregó ayer el Ideam junto a Minambiente, acerca del monitoreo a la deforestación en Colombia, dicha cifra representa una disminución del 19,2% en relación con las 197.159 hectáreas devastadas en 2018.
Tanto el resultado general como el que arrojan en detalle regiones, departamentos y municipios permiten una lectura doble. Para el Gobierno y el Ideam es, en líneas generales, un balance alentador.
Por ejemplo, aunque en la Amazonia se congrega el 62% de la deforestación del país, hubo una reducción sobre el total nacional del 8%. La región tuvo la mayor disminución pasando de 138.176 hectáreas devastadas en 2018 a 98.256.
Caquetá, hablando ya por departamentos, fue donde más hectáreas de bosque sucumbieron (30.317). Sin embargo, este presentó la mayor reducción comparado a 2018. “Aunque la cifra del año pasado es alta, la disminución nos llena de optimismo en la lucha que llevamos contra la deforestación”, manifestó Edersson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam.
Para lograr la reducción en la Amazonia, la ministra de Ambiente encargada, María Claudia García, resaltó la importancia del programa Visión Amazonia, con una inversión de 146.000 millones de pesos para ejecutar estrategias de uso sostenible del bosque, participación comunitaria, proyectos agroambientales y apoyo a autoridades ambientales.
También destaca el fortalecimiento a programas de forestería comunitaria y acuerdos de conservación de 97.000 hectáreas involucrando a más de 3.000 familias campesinas.
“Esto refleja la eficacia de la estrategia integral de lucha contra la deforestación que viene liderando el Gobierno, especialmente, desde la ejecución de emprendimientos bajo esquemas de uso sostenible de la biodiversidad, los incentivos a la conservación y pagos por servicios ambientales”, aseguró.
Aunque Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible –FCDS–, confía en las cifras entregadas y en la calidad técnica del Ideam, piensa que el análisis que hace el Gobierno a partir de estos para concluir que solo la reducción sirve dar parte positivo, es riesgoso.
En primer lugar, dice, porque en esa lectura se desestima que la deforestación es un problema acumulativo. Es decir, la velocidad de restauración y reforestación actual es muy inferior al daño generado en los últimos 5 años con la pérdida de más de medio millón de hectáreas de bosque.
Además, recalca Botero, le inquieta el hecho de que no se incluya directamente el acaparamiento de tierras entre las grandes causas, y que se mencione entre las mismas las “malas prácticas de ganadería extensiva”, dando a entender, por ejemplo “que con buena asistencia técnica el ganado podría apostarse en cualquier zona”.
“Los ciclos de deforestación no fueron por malas prácticas de la ganadería, sino porque están donde no deben estar”, dice, e insiste que el Gobierno parece estar cubriéndole la espalda al sector ganadero que a la vez se niega a acogerse a una propuesta de zonificación del uso del suelo “y soltar millones de hectáreas que tiene y que están sirviendo para el proceso de acaparamiento”.
De todos modos concluye que el hecho de que la deforestación no aumente sirve en la medida que el país se ponga al día con estrategias como el catastro multipropósito y que el Estado, con las herramientas de información y recursos técnicos que ofrece Ideam y el sector ambiental, consolide finalmente la gobernabilidad en tantos zonas que, día y noche, se le están amputando al país.