El sufrimiento para Anderson Morales, un joven de 24 años, comenzó en la mañana del pasado 10 de febrero y cada día se agrava más. Esa mañana, el joven se movilizaban por la avenida 33 para llevar a un amigo a su casa, cuando de repente se le vino el mundo abajo. Un enorme árbol que se desplomó en la 33 con carrera 62 cayó sobre él y otras seis personas, entre las cuales estaba el intendente de la Policía, Juan Pablo Cano, de 41 años, quien falleció ese mismo día.
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Un calvario burocrático
Anderson quedó inconsciente por el golpe, cuando se despertó estaba recostado a orilla de la vía y envuelto con su camiseta mientras se veía completamente lleno de sangre. En ese momento comenzó la confusión. Llegó la ambulancia del 123 y también arribó desesperado su papá, quien le pidió al personal de la APH que lo llevaran al Pablo Tobón. Sin embargo, le respondieron que si quería llevarlo allí tenía que ser en taxi y que la ambulancia solo lo trasladaría a la clínica CES. Entonces Anderson fue montado al vehículo y trasladado a dicho centro médico, donde empezó la tortura de la espera. Dice que ingresó alrededor del mediodía a urgencias y pasó por lo menos tres horas a que en el CES resolvieran el trámite burocrático de ver si lo ingresaban como enfermedad general, como accidente de tránsito o si el Dagrd se hacía cargo, mientras tanto, el dolor casi lo hacía desfallecer. Finalmente recibió atención médica.
Anderson sufrió una fractura en el tabique y graves heridas en brazos, torso y piernas. El problema más delicado es el de la nariz. Resulta que el joven sufre de asma y rinitis y ya había sido operado de espolones nasales y adenoides, por lo que la fractura le ha deteriorado aceleradamente su calidad de vida. Desde el día del accidente, Anderson asegura que sangra constantemente, sufre intensos dolores de cabeza y se ahoga con mucha facilidad.
De manera que el diagnóstico fue claro: debe ser operado en el menor tiempo posible. Pero ahí fue cuando el suplicio tomó verdadera dimensión, pues en lugar de poder estar dedicado a su recuperación, se la ha pasado de un lugar al otro porque nadie quiere responderle por sus procedimientos.
Resulta que al momento del ingreso a urgencias, en la clínica CES lo ingresaron como enfermedad general y no como accidente de tránsito. Por esa razón, la EPS Sura le dijo inicialmente que debía responder el Soat y cuando fue a La Previsora esta se lavó las manos, narra el joven, diciendo que en el documento de ingreso no figuraba reportado como accidente de tránsito. Y así está en ese limbo.
Los abogados que lo asesoran le aclararon que la norma indica que el Soat, por las características del accidente, le corresponde responder.
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Pero mientras lo tienen volteando para que le respondan, a Anderson le ha tocado correr con altísimos costos con el agravante de que desde el día del accidente está sin trabajar y el proyecto de empresa que justamente estaba próximo a constituir en Cámara de Comercio, una empresa de mensajería exprés en el Valle de Aburrá, quedó por ahora en veremos.
Por ahora anda en trámites con la EPS para que lo logre atender un otorrinolaringólogo que debería darle instrucciones para la cirugía urgente que requiere. Pero mientras eso llega le tocó pedir de manera particular una cita con especialista y desde ya teme que si la EPS no le aprueba el procedimiento le va a tocar sacar quién sabe de dónde el dinero para la operación que necesita antes de que su salud se siga deteriorando. Anderson apunta que la negligencia que lo tiene en esta situación recae principalmente en la Clínica CES que a pesar de las solicitudes no ha arreglado el enredo que cometió al ingresarlo, y también La Previsora.
Sura anunció que ya hizo su parte
Sura entregó su versión este miércoles 6 de marzo sobre el caso. Según la EPS, “el paciente inicialmente fue atendido como un accidente de tránsito, por lo que la indicación inicial fue que debía ser cubierto por el SOAT. Sin embargo, al realizar las verificaciones correspondientes con el 123 y las autoridades pertinentes, se determinó que no se trata de un accidente de tránsito, sino de un evento fortuito, lo cual sí es cubierto por la EPS. Tras esta validación, se procedió con la gestión del caso desde SURA, y se logró agendar su cita para hoy con el fin de definir la fecha de cirugía”, precisó.
La Alcaldía nunca apareció
El joven afectado radicó derechos de petición ante el Área Metropolitana, el alcalde Federico Gutiérrez y la Secretaría de Infraestructura de Medellín. Hay que recordar que el árbol que causó esta tragedia tenía orden de tala desde diciembre de 2024, pero el Distrito, a cargo del procedimiento, no lo hizo.
Los derechos de petición fueron radicados el viernes pasado. Anderson pide a las autoridades públicas que sean conscientes del grave momento que atraviesa y faciliten las cosas para lograr rápido una audiencia de conciliación y asuma la responsabilidad que le corresponde al Distrito. Precisamente, según el joven, la Alcaldía se desentendió completamente de su caso a pesar de tener responsabilidad en la permanencia del árbol que causó el hecho. El afectado asegura que desde el momento en que se subió a la ambulancia no tuvo jamás ni un acercamiento por parte de ningún funcionario de alguna entidad de la alcaldía de Federico Gutiérrez.
Falta de mantenimiento de árboles en Medellín: una amenaza latente
Por lo menos 26 árboles se desplomaron en la ciudad desde el día de la mencionada tragedia. Aunque la Alcaldía ha asegurado haber intensificado los controles y procedimientos de tala en los casos donde existe diagnóstico de riesgo, la aparición de este corto episodio de lluvias ha evidenciado la grave problemática que mantiene expuesta a la ciudadanía a accidentes similares.
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