Un juez de la ciudad suspendió provisionalmente varias resoluciones emitidas por la Universidad de Medellín, con lo que, en consecuencia, la Consiliatura, que es el máximo órgano de gobierno corporativo de este centro de educación superior, tendrían que quedar en stand by, pues las decisiones que tome mientras tanto carecerían de validez.
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La medida fue tomada en un fallo del 16 de julio, pero que apenas este miércoles estaría siendo notificado a las directivas del claustro.
En concreto, la sentencia lo que hace es aceptar una impugnación que hizo un grupo de interés cercano a esa institución y opuesto a la actual administración, y que alega la ilegalidad de varias resoluciones de septiembre pasado en las que se convocó a una asamblea ordinaria.
El juzgado ordena a la UdeM “abstenerse de continuar con cualquier actuación derivada de dichas resoluciones, hasta tanto se adopte una decisión de fondo sobre su validez. Lo anterior incluyendo las disposiciones de la asamblea celebrada en noviembre 6 del pasado año”.
Aca hay una especie de reacción en cadena. Resulta que en junio pasado el Tribunal Superior de Medellín, en un fallo de segunda instancia (la primera instancia fue del Juzgado Séptimo Civil del Circuito) declaró la nulidad de una asamblea de enero de 2024 en la que se nombraron varios miembros de la Consiliatura y luego depusieron al rector Federico Restrepo, dejando en su lugar al actual, Néstor Raúl Posada.
La determinación se basó en que no se cumplieron las condiciones del quórum.
No obstante, Posada permanece en ejercicio debido a que las directivas interpusieron una petición de casación que está pendiente de fallo de la Corte Suprema de Justicia, bajo la interpretación de que ese recurso deja sin efecto la sentencia hasta que se produzca una sentencia al respecto.
La contraparte, sin embargo, asegura que en el entretanto tanto la Consiliatura como el rector actual estarían impedidos legalmente para ejercer sus funciones y deberían dar un paso al costado.
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Entonces la estrategia de los opositores a la administración fue ir demandando cada acto posterior a enero de 2024 y la decisión más reciente, de la semana pasada, obedece a otro proceso paralelo que se llevaba en el Juzgado Décimo Civil del Circuito de la capital antioqueña.
También en la lógica del efecto dominó, como los consejeros que nombraron en la asamblea de septiembre de 2025 participaron en la elección de la junta directiva, incluida su presidenta, la exconcejal Aura Marleny Arcila, la autoridad de ellos quedaría en entredicho.
Y a diferencia del fallo sobre el rector Posada, en esta ocasión aplicaría lo que se llama efecto devolutivo, es decir que la medida ordenada por el juez, de que la Consiliatura se abstenga de realizar cualquier acción, debe empezar a cumplirse aun si los interesados apelan y mientras que otro juez decide al respecto.
Fuentes cercanas a la UdeM le confirmaron a EL COLOMBIANO que recibieron la notificación del juzgado este martes, 21 de julio y adelantaron que citarán para el 26 de agosto a una reunión de egresados para que estos elijan a sus representantes ante la Consiliatura. O sea que habrá un periodo de un mes en el cual el máximo órgano de gobierno de la UdeM y que toma las decisiones más trascendentales, quedaría en interinidad. La citación deberá hacerla el revisor fiscal.
Las mismas fuentes aclararon, sin embargo, que las clases y otras actividades podrán continuar con normalidad ya que hay otras instancias de gobernanza que siguen vigentes, como la Rectoría el Consejo Académico.
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