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Rodolfo Correa denuncia a Daniel Quintero ante la Contraloría por “congelar” tarifas de servicios públicos

El candidato a la Alcaldía de Medellín pide que se investigue presunto detrimento patrimonial y afectaciones a EPM y la ciudad por aplicar esta medida.

  • Rodolfo Correa radicará denuncia contra Daniel Quintero ante la Contraloría, en Bogotá. FOTO EL COLOMBIANO
    Rodolfo Correa radicará denuncia contra Daniel Quintero ante la Contraloría, en Bogotá. FOTO EL COLOMBIANO
  • A Quintero le han llovido críticas por este tema, en especial, de expertos del sector energético. FOTO Captura de Twitter
    A Quintero le han llovido críticas por este tema, en especial, de expertos del sector energético. FOTO Captura de Twitter
13 de julio de 2023
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Ante la Contraloría General de la República (CGR), en la mañana de este jueves 13 de julio, se radicará una denuncia contra el alcalde Daniel Quintero por el detrimento patrimonial que se generaría si se destinan $100.000 millones de EPM para “congelar” las tarifas de servicios públicos en la ciudad.

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La denuncia la presentará el candidato a la Alcaldía de Medellín, Rodolfo Correa, según lo anunció desde sus redes sociales. Por medio de un video, desde el aeropuerto José María Córdova, Correa dio argumentos para su decisión.

“El alcalde anunció que va a destinar $100.000 millones para cumplir su capricho de alterar la tarifa de los servicios públicos, cuando legalmente no se puede. Van a poner el patrimonio de EPM para hacer politiquería”, manifestó Correa, quien señaló que la disminución propuesta en dicho congelamiento sería de sumas muy bajas por cada usuario, lo cual, en su consideración, es un engaño a la gente: “De $150 en $150 la ciudad va a perder más de $100.000 millones que pueden ser usados para obras públicas”, añadió el candidato.

La propuesta de congelar las tarifas de servicios públicos, que Quintero prometió desde campaña y se empeñó en sacar adelante en los últimos meses de su gobierno y en plena campaña electoral, ha despertado polémica y fuertes críticas de distintos sectores políticos, sociales y de expertos en la materia.

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Fueron estos últimos quienes ya habían dejado en evidencia que esa movida (el “congelamiento”) era una opción tarifaria, es decir, un alivio artificial porque el precio del presente se paraliza, pero los usuarios deben responder por el incremento aplazado en las facturas de enero.

A Quintero le han llovido críticas por este tema, en especial, de expertos del sector energético. FOTO Captura de Twitter
A Quintero le han llovido críticas por este tema, en especial, de expertos del sector energético. FOTO Captura de Twitter

Ahora, con la denuncia ante la Contraloría, Correa deja de manifiesto que el supuesto alivio que vivirán las personas es mínimo. “En últimas, representaría que durante el tiempo de la medida a la gente del estrato 1 podría reducírsele la tarifa en 150 pesos y a la del estrato 6 en 1.200 pesos, suma que Rodolfo Correa califica de “ridícula” comparado con las pérdidas que la ciudad va a tener con la medida”, se lee en un comunicado emitido por la campaña del candidato.

De acuerdo con Correa, los subsidios son regulados estrictamente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y a los usuarios de EPM ya se han aplicado al máximo dichos subsidios. A esto se suma que, como lo han dicho varias voces, alguien tendrá que pagar lo que EPM dejará de percibir.

“No obstante las advertencias dadas por esta y otras voces de la opinión pública antioqueña, al presidente de la junta de EPM y actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, pareció no importarle el riesgo, y el pasado 6 de julio manifestó públicamente que la empresa creará un fondo y asumirá los costos de esta media que se estiman pueden ser cercanos a los $100.000 millones o incluso más, para cubrir los excedentes que no serán cobrados a los usuarios mientras esté vigente la medida”, sostuvo Correa al argumentar la importancia de llevar el caso a la Contraloría.

La denuncia no solo es contra Quintero, sino también contra los demás miembros de la junta directiva de EPM que aprobaron la medida, a quienes pedirá investigar si les cabría responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial a la ciudad.

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