Algo extraño está pasando con los operativos en contra del crimen organizado y los grupos armados en Medellín.
Pese a que diferentes entes de la Fuerza Pública le están pisando los talones a múltiples estructuras ilegales en la capital antioqueña, incluyendo a particulares señalados de estar asociados a sus actividades, los operativos para asestar golpes certeros se están frenando a último momento.
El caso más reciente salió a flote hace pocos días, cuando se conoció que una operación a gran escala que se preparaba desde hace más de un año en inmediaciones del Parque Bicentenario se suspendió desde Bogotá sin mayores explicaciones.
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De igual forma, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aludió a capturas que se estarían frenando a personas vinculadas a casos de terrorismo, sin que tampoco hubiera mayores explicaciones al respecto.
“Pregunta: ¿quién está impidiendo que se realicen unas capturas importantes de personas relacionadas con terrorismo en Medellín?, ¿quién protege a la llamada primera línea?, ¿algunas de estas personas están relacionadas con el ELN? La información existe. ¿Los protegen para que puedan de nuevo incendiar a Colombia?”, dijo el mandatario distrital el pasado 29 de mayo, presentando con suspicacia el tema.
Operativos bajo la lupa
Uno de los episodios más delicados se conoció a finales del mes pasado, en medio del revuelo que ha envuelto a la mesa de paz urbana abierta por Gobierno Nacional en el Valle de Aburrá y que en las últimas semanas estuvo en el ojo público sobre todo por cuenta de una polémica suspensión de órdenes de captura en contra de varios de los voceros, que al final terminó revirtiéndose por orden del Consejo de Estado.
En medio de esas controversias, los voceros de ese espacio de diálogo anunciaron como un gesto de paz una estrategia para liberar de la venta de sustancias como el tusi a varios barrios de la ciudad, incluyendo especialmente una declaratoria sobre el Parque Bicentenario como “un territorio libre de drogas”.
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Cabe recordar que este importante espacio público, ubicado a los alrededores de la Casa de la Memoria, en inmediaciones del antiguo barrio La Toma, se ha convertido durante los últimos años en uno de los centros de expendio de drogas más importantes del Centro de Medellín y se presume que es controlado en la actualidad por la banda Los Conejos, a su vez adscrita a la organización Caicedo.
Pese a que el anuncio pasó inadvertido entre muchos, al interior de la Fuerza Pública llamó la atención, dado que precisamente hace poco allí se planeaba un operativo de gran envergadura que se suspendió sin mayores explicaciones.
Tal como lo registró este diario, fuentes al interior de la Fuerza Pública señalaron que para el pasado 7 de mayo estaba planillada una gran intervención en la zona, en la que se tenía previsto hacer efectivas 34 órdenes de captura.
Pese a que incluso ya había un pie de fuerza de 60 policías listos para desplegarse en Medellín, pocas horas antes de lanzar la operación en Bogotá funcionarios al frente del golpe fueron notificados de que la acción quedaba aplazada para después de las elecciones presidenciales.
Si bien esta gran operación estaba planeada en varias zonas de la ciudad, en inmediaciones del Parque Bicentenario se había identificado una bodega que presuntamente estaba siendo utilizada para actividades ilegales.
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Curiosamente, el 9 de mayo, a escasos dos días después de cancelada la operación, esa misma bodega fue incendiada, en un evento que generó dudas.
Semanas después de la conflagración ocurrió el anuncio de la mesa de paz de declarar como escenario libre de drogas específicamente ese sector.
Otros operativos similares ya habían generado suspicacias parecidas. En junio de 2025, las autoridades estaban listas para materializar seis órdenes de captura contra una presunta estructura financiera asociada a alias Douglas, uno de los principales voceros de la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí.
Aquella vez, las informaciones del operativo se filtraron y fuentes cercanas al caso señalaron que también aparecieron llamadas de altas instancias preguntando por la acción y pidiendo revisar su viabilidad. Sin embargo, esta vez la operación sí se realizó y fue desde la Alcaldía de Medellín que se denunciaron esas presuntas presiones.
En aquel entonces, el alcalde Gutiérrez señaló a la senadora Isabel Zuleta como la figura detrás de ese presunto intento de obstrucción, un señalamiento que ella negó y calificó como un ataque a la paz.
En medio de ese contexto, y sumado a las nuevas denuncias del alcalde, varios de quienes le hacen control político a esos acercamientos expresaron su preocupación.
“Esto demuestra que hay una interferencia directa entre quienes hacen parte de la mesa de paz de Itagüí con los procesos judiciales e investigaciones que se adelantan”, expresó el concejal Andrés Tobón, quien calificó como un grave precedente que cabecillas estén enterados de operativos en su contra.
Por su parte, la concejala del Centro Democrático y exdirectora contra el crimen organizado de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla, consideró que lo ocurrido respondería también a presuntas presiones de los representantes del Gobierno Nacional.
“Esto responde a las presiones que hace Isabel Zuleta y Otty Patiño al presidente para favorecer a estas estructuras criminales. Por eso reactivaron la mesa de paz urbana”, sostuvo la corporada, señalando que algo similar también estaría ocurriendo con los operativos contra el ELN.
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