Como si se tratara de un déjà vu, las obras del Plan Parcial de Naranjal volvieron a quedar a la deriva. En menos de tres años, el inversionista privado que fue presentado por la Alcaldía de Medellín como la carta de salvación para reactivar el proyecto terminó dejando los trabajos en suspenso por cuenta de afugias financieras y un lío legal con un contrato en Palmira (Valle del Cauca).
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En una situación similar a la afrontada por la ciudad en 2018, cuando el inversor original quedó inhabilitado para contratar con el Estado tras quedar untado en el caso Odebrecht, la nueva gerencia de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) arrancó este año haciéndole frente a un complejo lío jurídico en el que se calculan pretensiones por $120.430 millones y busca conseguirse un nuevo socio para sacar adelante ese proyecto de renovación urbana, que viene pensándose desde hace más de tres décadas.
Pese a ser el Plan Parcial más viejo de la ciudad y uno de los primeros del país, el camino para que Naranjal deje de ser un elefante blanco continúa cuesta arriba.
“Nosotros vemos que hoy todavía es viable el desarrollo del proyecto”, insistió, no obstante, David Rodríguez Martínez, director Inmobiliario de la EDU, considerando que el Plan sigue con su potencial intacto y aseverando que recuperarlo es una de las prioridades de esa entidad en este gobierno.
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Una idea pionera
Para comprender la situación del Plan Parcial de Naranjal hay que remontarse hasta 1999, cuando el municipio de Medellín, entonces bajo la administración de Juan Gómez Martínez, se volcó a pensar su primer Plan de Ordenamiento Territorial, que se fijó como una de sus metas centrales detener la urbanización hacia las laderas y densificarse en su centro, principalmente en la zona adyacente al río Medellín.
Convirtiéndose en uno de los pioneros de su tipo en Colombia, desde ese año se pensó en los barrios Naranjal y Arrabal como zonas estratégicas para renovar el uso del suelo, en una zona que se delimitó entre la quebrada La Hueso, la carrera 65, la carrera 64, la Avenida Bolivariana y la Avenida Regional.
Aunque en los años siguientes la idea siguió discutiéndose, generando procesos de socialización en terreno y mesas en las que el gobierno local se sentó con el gremio de la construcción, fue en la Alcaldía de Aníbal Gaviria que el proyecto despegó.
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En el Decreto 1309 de 2009 se estableció un área de planificación de 215.296 metros cuadrados, a su vez divididos en ocho unidades de actuación urbanística.
En un proyecto liderado por la EDU en 2013 se arrancó con la ejecución de la primera unidad de actuación urbanística, la 2, que en sus diseños contempla dos torres de apartamentos, cada una con 120, y una plataforma de cuatro pisos con 25 oficinas y 102 locales. El desarrollo fue bautizado como Nuevo Naranjal.
Como inversor privado, la EDU unió fuerzas con un consorcio conformado por las empresas CASS Constructores y Carlos Alberto Solarte.
Pese a que inicialmente las obras despegaron y se alcanzó a entregar uno de los edificios de 120 apartamentos y 25 locales comerciales, los trabajos se malograron cuando la constructora de Solarte terminó untada en el escándalo de Odebrecht.
La consecuencia directa fue la inhabilidad que sufrió esa empresa para contratar con el Estado. Lo anterior no solo puso en vilo grandes megaproyectos viales en todo el país, sino que enredó la ejecución de Naranjal.
Si bien el consorcio tenía la potestad para ceder el contrato, nunca se logró concretar y las obras se quedaron a medio camino.
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En respuesta, la EDU también tomó cartas en el asunto. Reclamando millonarios perjuicios emprendió acciones legales contra el consorcio. De acuerdo con las estimaciones de la EDU, la ejecución del proyecto quedó en 60 % en el área comercial.
En medio de esa disputa, solo fue hasta 2020, ya en la alcaldía de Daniel Quintero, que la EDU pudo conseguirse a otro inversor privado para sacar al proyecto de su abandono y fue entonces que se presentó al consorcio Can 21, compuesto por las firmas Qualitas Corp, JLX Proyectos y Solutec S.A.S., como el salvador. El nuevo inversor también llegó con la promesa de levantar las obras en la unidad de actuación 3, ubicada justo enfrente de la que se quedó a medio camino.
Pese a que en esta segunda oportunidad la EDU estructuró nuevos mecanismos financieros y modificó pólizas, a pocos meses de iniciar las obras las mismas se volvieron a frenar por falta de plata de los privados.
A ese freno se sumó otro agravante: una de esas empresas también terminó inhabilitada para contratar con el Estado, luego de que le declararan la caducidad de un contrato en Palmira, Valle.
De esta manera la historia se repitió: el consorcio no logró ceder su contrato y la EDU volvió a embarcarse en un pleito legal reclamando perjuicios por el abandono del proyecto.
En medio de este panorama, y tras el cambio de Gobierno, la nueva gerencia de la EDU señaló que se está en la búsqueda de un nuevo aliado privado que pueda terminar la unidad de actuación 2, arrancar la 3 y revitalizar el desarrollo del proyecto en general.
“Nos hemos enfocado fuertemente en la defensa de todos los procesos jurídicos que tenemos abiertos. Sabemos que hoy es un poco complejo que los inversionistas privados puedan venir con esa complejidad jurídica. Por eso, nos hemos concentrado mucho en esa defensa para poder abrir y hacer esas ruedas de negocios en las que necesitamos que las demás unidades de actuación continúen o se desarrollen”, concluyó, por su parte, la gerente de la EDU, Luz Ángela González.
