El acto de reconocimiento se llevará a cabo el próximo viernes 19 de septiembre en las instalaciones de la Cuarta Brigada en Medellín.
Después de casi tres décadas de una incansable búsqueda de verdad y justicia, el Estado colombiano reconocerá públicamente su responsabilidad por la desaparición forzada del soldado Óscar Iván Tabares Toro, ocurrida el 28 de diciembre de 1997 mientras cumplía funciones para el Ejército Nacional en San Juanito, Meta.
Este acto de reconocimiento se llevará a cabo el próximo viernes 19 de septiembre de 2025 en las instalaciones de la Cuarta Brigada en Medellín, a las 9:00 de la mañana.
La viceministra de Políticas de Defensa y Seguridad encargada, Juliana Coronado Neira, será la funcionaria encargada de presidir esta ceremonia, que representa un paso crucial en la reparación a la familia del soldado antioqueño.
Este hito se produce luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declarara en agosto de 2023 la responsabilidad del Estado colombiano en este grave crimen.
Óscar Iván Tabares Toro, nacido en Heliconia, Antioquia, y criado en Medellín, tenía el sueño de ser militar, siguiendo el ejemplo de varios de sus tíos. El 28 de diciembre de 1997, cuando ya llevaba seis años como soldado profesional, mientras hacía parte de la Compañía “Tigre” del Batallón de Contraguerrillas N.° 20, acampada en la vereda San Luis de Toledo, zona rural del municipio de San Juanito, Meta, Tabares Toro desapareció.
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Según varios testimonios de soldados compañeros de Óscar, cerca de la medianoche se escuchó una explosión de granada y tres disparos. Las autoridades militares inicialmente declararon que Óscar Tabares había lanzado una granada en contra de sus superiores —con quienes tenía diferencias por el trato que recibía, lo que incluso lo había llevado a pensar en renunciar— y huido, incluso afirmando que se había unido al frente 53 de las extintas Farc.
Antes de su desaparición, Óscar había expresado a su madre, María Elena Toro Torres, que estaba pensando en renunciar al Ejército debido al hostigamiento y maltrato por parte de un teniente, su superior. Días después de no tener noticias suyas, la familia emprendió un viaje hacia los Llanos Orientales, donde encontró evidencias como ropa interior de Óscar, una carpa con un tiro a quemarropa, llena de sangre y esquirlas en el lugar de la explosión en San Juanito.
Desde aquel día de 1997, la madre de Óscar Iván inició un tenaz proceso de búsqueda de información sobre el paradero de su hijo, tocando tantas puertas, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En medio de esa búsqueda, la familia del soldado ha enfrentado un calvario de negativas, falta de cooperación, hostigamientos y amenazas, que los obligaron a cambiar de residencia en más de diez ocasiones y, finalmente, a salir de Colombia al exilio.
La Corte IDH ha reconocido explícitamente la “labor de buscadora” de María Elena Toro, destacando el “impacto diferenciado debido al género” que sufrió, pues se vio obligada a renunciar a su proyecto de vida y enfrentar dificultades económicas en su lucha por esclarecer los hechos.
Tras más de dos décadas de procesos judiciales infructuosos a nivel nacional —incluida una investigación en la justicia penal militar que absolvió a Óscar y una investigación ordinaria sin avances significativos ni condenas—, el caso llegó a instancias internacionales.
En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte IDH, la cual, en una decisión histórica el 8 de agosto de 2023, declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano.
Esta fue la primera vez que se condena a una nación de las Américas por una desaparición forzada cometida al interior de su propio Ejército.
La Corte IDH determinó que el Estado colombiano violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la honra y dignidad, a las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a conocer la verdad del soldado Tabares y su familia. Además, la Corte ratificó que lo ocurrido con Óscar Iván constituye una desaparición forzada, dado que la víctima estaba bajo el control de agentes estatales, estos estuvieron involucrados en su desaparición, y el Estado no ha ofrecido una explicación satisfactoria sobre su paradero.
Como parte de las medidas de reparación integral, la Corte IDH ordenó al Estado colombiano:
• Continuar las investigaciones y el proceso penal en curso relacionado con la desaparición forzada de Óscar Iván Tabares Toro.
• Reforzar las acciones de búsqueda del soldado, por vías judiciales o administrativas, con la esperanza de encontrar sus restos, que la familia presume que podrían estar en zona rural de San Juanito, Meta.
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, donde se especifique que Óscar no atentó contra sus superiores, no desertó, ni se unió a las Farc.
• Hacer mención explícita al impacto diferenciado que sufrió la señora María Elena como mujer y madre buscadora, así como a la labor de otras mujeres que han emprendido acciones similares.
• Realizar un documental sobre la desaparición forzada de Óscar Iván y el impacto en su familia.
• Otorgar una suma de dinero para que las víctimas puedan acceder a atención médica y psicológica.
• Publicar la sentencia y el resumen oficial.
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