Imputación por peculado y contratación indebida
Hace casi 15 días, la Fiscalía le imputó a Palacio los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. En el mismo proceso también fueron imputadas Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exsubalternas suyas en el Amva.
Asimismo, a Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, le fue formulado el cargo de falsedad en documento privado.
El caso gira en torno a seis contratos suscritos entre el Amva y los bomberos de Itagüí por un monto cercano a los $18.000 millones. Según la Fiscalía, en estos convenios se habrían presentado irregularidades que permitieron que particulares se apropiaran de $2.481 millones.
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Presuntas maniobras irregulares
De acuerdo con el ente acusador, los implicados habrían recurrido a diferentes maniobras para ejecutar las supuestas irregularidades. Entre ellas, el direccionamiento de contratos que, según la normativa, debieron adelantarse mediante licitación pública, pero que finalmente se tramitaron por contratación directa.
La Fiscalía también señaló posibles sobrecostos en productos y servicios, así como la presunta falsificación de 15 facturas y recibos de pago, documentos que habrían servido para justificar los desembolsos.
Por estos mismos hechos ya fueron judicializados el exgerente y el exjefe de la organización de socorro, Misael Cadavid y Elkin González, además de la funcionaria del Área Metropolitana María Yaneth Rúa, quien ejercía como supervisora de los contratos.
Fiscalía pide detención intramural
En una audiencia anterior, el fiscal 40 anticorrupción solicitó que a Juan David Palacio se le imponga medida de aseguramiento en centro carcelario. Argumentó que existe un amplio acervo probatorio que lo vincularía con las conductas investigadas.
El representante del ente acusador también sostuvo que el exdirector podría representar un riesgo para el curso de la investigación. Como sustento, mencionó que antes de finalizar su periodo en 2023 habría nombrado a 35 personas en cargos dentro del AMVA, quienes aún permanecen en la entidad y, según la Fiscalía, podrían facilitarle información.
Además, señaló que en los últimos días de su gestión se habría ordenado formatear varios computadores, entre ellos el suyo, el de su asistente y el de la secretaria general del Área, equipos que contendrían información relevante para el proceso.
Mientras tanto, para Roldán y Montoya, la Fiscalía solicitó medidas menos restrictivas, como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante una autoridad judicial.
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