El hombre habría utilizado a su padre para cometer sus crímenes, según la Fiscalía.
Lo que pensó que sería un crimen perfecto y sofisticado, ahora lo tiene ante las autoridades para responder por varios delitos. La Fiscalía General imputó a Alexander Builes Arroyave, un exempleado de la Universidad de Antioquia, quien se desempeñaba en el área de talento humano, y a quien señalan de haberse robado más de $135 millones destinados para pagos de las mesadas de algunos pensionados de la universidad.
Los hechos habrían ocurrido entre agosto de 2021 y agosto de 2022, durante ese año, según la Fiscalía, este sujeto se habría aprovechado de su cargo para crear una cuenta bancaria a nombre de su papá, en la cual depositó grandes sumas de dinero provenientes de dichas mesadas pensionales. Para esto, Builes sustraía el pago de otros pensionados o incluso habría utilizado el nombre de personas fallecidas, reemplazándolos por el de su padre, quien ni siquiera tuvo vínculo alguno con la universidad.
Según señaló la Fiscalía, el padre del hoy imputado nunca se enteró de que su hijo estaba utilizando su nombre para cometer semejante desfalco.
La Fiscalía le endilgó a Builes Arroyave al menos 24 eventos delictivos con los que desvió dinero o utilizó datos de fallecidos para dirigir las millonarias sumas a la cuenta que creó, todo esto, manipulando durante todo un año el Sistema de Gestión de Personal (SIPE).
El sujeto deberá responder por los delitos de peculado por apropiación y acceso abusivo a un sistema informático. En la audiencia ante un juez de control de garantías, Builes Arroyave no se allanó a los cargos.
Para extender su radar operativo, desde hace un mes instauraron la línea 157 anticorrupción, con la que buscan recibir denuncias contra este delito sin excepciones, más allá de la categoría del servidor público para iniciarle el proceso respectivo.
Precisamente esta semana se conoció que en el último año y medio la justicia ha procesado a 80 funcionarios públicos de diversas entidades, desde altos cargos hasta puestos operativos, por diferentes delitos de corrupción. Según las autoridades, el avance de estos procesos ha sido posible gracias al funcionamiento de la línea anticorrupción 157, que ha permitido recibir denuncias anónimas y de todo tipo sobre delitos contra los recursos públicos, abuso de autoridad, concusión, prevaricatos, falsedad en documento público, entre otros.
