La Fiscalía General de la Nación ya tiene lista una imputación en contra del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio, por presuntos actos de corrupción ocurridos en la era del exalcalde Daniel Quintero.
Según trascendió, el ente acusador le sigue la pista a varios manejos presuntamente irregulares que se les habrían dado a $18.656 millones en contratos firmados entre 2020 y 2021.
Además de la imputación, EL COLOMBIANO conoció que el ente investigador estaría listo para pedir una medida de aseguramiento en contra del alto exfuncionario, quien fuera una de las figuras del círculo más estrecho de Quintero.
El motivo serían las supuestas actuaciones de Palacio en la celebración de seis contratos que fueron firmados entre el 7 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 por el monto señalado, bajo la modalidad de contratación directa por “apoyo a la gestión”, pese a que incluían actividades y suministros que no eran compatibles con esa categoría.
Según conoció EL COLOMBIANO, la medida de privación de la libertad será solicitada dentro de una audiencia que está prevista para el próximo lunes, 26 de enero, ante un juzgado con funciones de control de garantías.
Pero además, no sería el único exfuncionario del Área a imputar, pues a esa diligencia también está previsto que se lleve a las ex subdirectoras del área Ambiental de la entidad, Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla.
Estos tres exfuncionarios habrían sido claves para que terceras personas se apropiaran de por lo menos $2.481 millones de recursos públicos.
Los presuntos delitos a imputar a Palacio, Roldán y Montoya serían peculado por apropiación e interés indebido en celebración de contratos.
Hay que tener en cuenta que el papá de Juan David Palacio, Óscar Iván Palacio, es candidato al Senado de la República con el aval del Partido Verde.
La diligencia que se llevará a cabo dentro de una semana aparece en el contexto del mismo expediente en el que ya un juez avaló la detención intramural para el exgerente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Cadavid, y la funcionaria del AMVA María Yaneth Rúa. En ese mismo caso también está imputado el exjefe de la misma agrupación de socorro, Elkin González, pero no fue afectado con cárcel porque el juez del caso consideró que no representaba un peligro para la sociedad ni para la marcha del proceso.
En las audiencias que se realizaron desde octubre pasado se revelaron detalles de cómo habría operado en el AMVA un tinglado de corrupción para controlar el presupuesto de la entidad y la contratación dentro de la misma. Por ejemplo, el fiscal anticorrupción que lleva el caso, develó el correo enviado por un testigo a la Veeduría Todos por Medellín, quien a la vez habría participado en esas acciones. En él menciona que este entramado habría estado en cabeza de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, con participación además del ex subdirector financiero Álvaro Villada.
Además, apunta que parte del dinero por los contratos que se investigan fue destinado a la financiación de la campaña de Cadavid para la Cámara de Representantes.
“Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura de la entidad, Álvaro Villada”, apunta el texto.
Es importante también recordar que desde 2024 Villada está imputado por presunta asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, aunque no por el asunto de la contratación de los bomberos, sino por otros contratos por más de $18.000 millones, relacionados con el Parque de las Aguas.
No obstante, el revelador correo a Todos por Medellín da a entender que estos casos no son aislados, sino que obedecerían a un modus operandi común, incluso para apropiarse de recursos en otras dependencias distritales que habrían sido controladas por Miguel Quintero, como Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
Igualmente, ya hay una persona directamente implicada penalmente en el caso del Parque de las Aguas que está dando información dentro de un principio de oportunidad que ya fue avalado por el juez, y quienes conocen el caso apuntan que esto dinamizará los demás casos de corrupción que se habrían cometido en el periodo de la alcaldía de Daniel Quintero. Así mismo, animaría a otros a dar información a cambio de beneficios.
Tampoco hay que olvidar que Palacio siempre fue señalado como una ficha puesta por Miguel Quintero en el Área. De hecho, el mismo exdirector ha reconocido en entrevistas cierta “paternidad” política de ese Quintero, quien le dio su primer trabajo como integrante de su equipo de apoyo cuando fue concejal de Medellín (2010-2014).
Hasta ahora, quienes han estado cerca de este proceso se habían preguntado por qué Palacio no había sido llamado a dar cuentas ante la justicia, pues parecía evidente que alguna participación debía haber tenido, por acción u omisión.
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