Tras más de tres horas de discusión, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no logró llegar a un acuerdo sobre si debe enviar a juicio a cinco congresistas y a un excongresista señalados de participar en la trama de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez continúa sin avanzar debido a desacuerdos entre los magistrados.
Con la sesión de este miércoles ya son tres los encuentros en los que el alto tribunal no logra ponerse de acuerdo para adoptar una decisión de fondo sobre la situación de los congresistas señalados en el caso.
El fallo de la ponencia es importante porque podría derivar en el envío a prisión de los legisladores Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, además del excongresista Juan Diego Muñoz.
Los políticos han sido señalados por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla; el exdirector de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
Los tres, en el marco de principios de oportunidad, han revelado presuntas maniobras de congresistas relacionadas con la contratación dentro del caso de corrupción.
El expediente, que permanece sin decisión, se centra particularmente en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, integrada por seis legisladores encargados de analizar y avalar los créditos solicitados por el Gobierno.
Lo que ha trascendido es que el alto tribunal estudia una ponencia para que los congresistas sean cobijados con medida de aseguramiento intramural, al considerar que representarían un peligro para la sociedad y que podrían interferir en las investigaciones que se adelantan por este escándalo.
Todos, investigados por el presunto delito de cohecho impropio, insisten en que son inocentes y víctimas de acusaciones sin sustento.
Para abrir investigación formal, la corporación valoró declaraciones que señalan a los indagados de haber intervenido en presuntos acuerdos irregulares encaminados a facilitar la aprobación de proyectos y posibles contrataciones en la Unidad.
El proceso cuenta con más de 50 elementos documentales recaudados mediante órdenes de policía judicial y al menos 10 testimonios incorporados al expediente.
“Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”, explicó la Corte Suprema.
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