Un extraño operativo realizado por dos policías en la vía Santa Marta-Medellín terminó con la irregular incautación de 15 motores importados. Al parecer, los uniformados y un fiscal le habrían pedido 300 millones de pesos para devolverlos, y ante la denuncia del propietario de estos elementos, se inició con la investigación que terminó con la captura de los tres funcionarios.
De acuerdo con la Fiscalía, por estos hechos fueron detenidos el fiscal Leopoldo Eduardo Montes Dávila y los policías Wladimir José Sanjuán Márquez y Javier Tapias Madera, quienes son señalados de realizar este irregular procedimiento y, de paso, hacer la solicitud del dinero.
Todo comenzó el pasado 24 de enero, cuando el tractocamión que había salido del puerto de Santa Marta con estos motores y cuando transitaba por el municipio de Bosconia, Cesar, tras 160 kilómetros de recorrido, los uniformados lo interceptaron y tras una revisión habrían señalado que en el contenedor se transportaba productos de contrabando y hasta sustancias ilegales.
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Por esta razón el vehículo fue inmovilizado y los motores incautados. Como parte del procedimiento, un fiscal, al parecer Montes Dávila, emitió un oficio para poner a disposición de su despacho el vehículo y la carga para iniciar un proceso por narcotráfico y contrabando.
Ante este panorama, de acuerdo con la investigación, tanto el fiscal como los patrulleros se reunieron con el propietario de la mercancía para saber si habría alguna solución con respecto a esta incautación. En medio del encuentro le habrían solicitado 300 millones de pesos para devolverle los motores.
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Al considerar que era un monto muy alto, la víctima de estos hechos se negó a entregar el dinero, razón por la cual la exigencia económica habría bajado hasta los 100 millones de pesos y esta habría sido, aparentemente, aceptada por el afectado.
Sin embargo, paralelamente interpuso la denuncia contra los tres funcionarios y al momento de dirigirse a entregar el dinero, luego de citarlos, se produjo la captura por parte de la Policía Nacional.
Cuando realizaron las indagaciones correspondientes, entre las múltiples irregularidades, se encontró que el fiscal asumió un caso que no era de su competencia y con el fin de dar apariencia de legalidad decidió incluir sus actuaciones a un proceso abierto por otros hechos diferentes.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó cargos a los implicados por el delito de concusión, a lo que se suma que al funcionario judicial le formularon el cargo de prevaricato por omisión agravado. Ninguno se allanó ante el juez de control de control de garantías que estuvo a cargo de las audiencias concentradas.
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