Esta semana, el alcalde Federico Gutiérrez denunció que la senadora Isabel Zuleta, figura clave en las negociaciones de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y los cabecillas de las mafias presos en la cárcel de Itagüí, habría alertado a alias “Douglas” sobre la inminente captura de sus familiares —exesposa y un hijo—. Sucedió después de que los autollamados voceros de las bandas aparecieran en el “tarimazo” del presidente Petro en plena plazoleta de La Alpujarra, al lado de nueve exnarcos que están en la cárcel.
Vamos por partes. La reciente liberación de Juan Pablo Taborda Zamora, alias “Yordi”, señalado como presunto cabecilla principal y segundo al mando de la banda criminal La Terraza, reveló la primera capa de las tensiones y de la supuesta filtración de información judicial a los cabecillas de la cárcel de Itagüí. Alias “Yordi” quedó en libertad el 18 de junio de 2025 por decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia, que determinó que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para justificar una medida de aseguramiento, aunque el proceso judicial por lavado de activos y enriquecimiento ilícito continuará. Esta misma decisión judicial benefició a Diana Olaya, exesposa de “Douglas”.
La captura de alias “Yordi”, realizada el 9 de junio de 2025 en Armenia y trasladado a Pereira, fue parte de un megaoperativo simultáneo liderado por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Fiscalía Sexta de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y Enriquecimiento Ilícito. La operación no solo buscaba a “Yordi”, vinculado a La Terraza por más de dos décadas y considerado hombre de confianza de Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo” (líder histórico asesinado en marzo de 2024 y quien era la mano derecha de “Douglas”; su asesinato tuvo que ser concertado entre los capos debido a los códigos de “la Oficina”), sino también a otros implicados.
En el mismo operativo se allanó la vivienda de Diana Olaya, quien raramente estaba acompañada de un abogado. Las autoridades también buscaban a Daniel Muñoz, hijo de “Douglas”, quien no fue encontrado y permanece prófugo, lo que sugiere una posible filtración de información, más porque EL COLOMBIANO supo que la Policía tenía un seguimiento persistente sobre él, sabían dónde vivía y todos sus movimientos, hasta que un día antes del operativo se desapareció de Medellín. Las otras dos personas vinculadas al caso, Vilma Granados Avendaño (esposa de “Pichi Gordo”) y Luisa María Rojas Granados (hija del mismo capo), fueron cobijadas con medida de aseguramiento domiciliaria.
EL COLOMBIANO supo que en mayo pasado, una persona cercana a la mesa de paz de la cárcel estuvo en La Alpujarra asegurando que “Douglas” estaba muy molesto porque se había enterado de que iban a capturar a sus familiares, lo cual le parecía un total desatino, pues ellos no eran “unos bandidos” y que si se procedía con ese movimiento supuestamente se encargaría de que volara “mierda al zarzo”.
Entonces empezaron las supuestas presiones de Isabel Zuleta para que no se hicieran las capturas. Hay que tener en cuenta que entre esos códigos de la mafia hay dos cosas muy sagradas: la familia y la plata, y este operativo iba directo a esos códigos. El mismo “Douglas” dijo en entrevista con La W Radio que el alcalde Gutiérrez no podía perseguir a las familias de los “voceros de las bandas”. Cuando se mira la orden de captura, es evidente que los delitos no son ni homicidios ni hurtos ni nada parecido, es lavado de activos.
Veamos. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron $363 millones en efectivo, 7.290 dólares, dos vehículos de alta gama (una Toyota 4Runner y un Toyota Corolla), 18 relojes de lujo (como Cartier y Rolex), una pistola rosada, 18 cartuchos, 120 folios contables, nueve celulares y tres tabletas. Además, en la casa de “Yordi” los investigadores encontraron altares de santería y elementos relacionados con ritos de brujería, lo que llamó la atención.
La operación contra La Terraza y La Oficina, y en particular la captura y posterior liberación de “Yordi”, se entrelaza directamente con la mesa de paz de Itagüí y el “tarimazo” del 21 de junio. Este evento, donde Petro compartió tarima con voceros de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí, generó una ola de críticas y denuncias, especialmente contra la senadora Isabel Cristina Zuleta.
El concejal de Medellín, Andrés Tobón, denunció ante la Corte Suprema de Justicia a la senadora Zuleta por presuntamente incurrir en “abuso de la función pública” al supuestamente intervenir irregularmente en la salida de varios cabecillas de bandas de la cárcel de Itagüí para el evento “Paz Urbana” de Petro.
Tobón también solicitó al Inpec, al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior información sobre trámites similares para eventos pasados donde participaron estos mismos voceros, como uno en la Universidad de Antioquia, alegando que tampoco cumplirían con los requisitos legales y que ningún juez de ejecución de penas autorizó su salida.
Entonces Federico Gutiérrez elevó la controversia al denunciar que la senadora Zuleta habría intentado interferir en investigaciones y decisiones judiciales contra “Yordi”, poniendo en riesgo su captura. Gutiérrez afirmó tener información de que personas nombradas por Petro en la Mesa de Itagüí intentaron interceder ante la Fuerza Pública para evitar la captura.
Otras fuentes dijeron que supuestamente Zuleta llamó a generales y a la Presidencia en Bogotá, expresando su preocupación de que un golpe a La Terraza, como la captura de “Yordi”, dañaría la mesa de Itagüí. Sin embargo, el verdadero problema no era solo “Yordi”, sino la captura de familiares de “Douglas” y “Pichi Gordo”, lo que representó un golpe muy duro a las finanzas de La Terraza y La Oficina.
Se conoció que “Douglas”, al enterarse de la inminente captura de su hijo, estaba “descompuesto” y “entre llorando y botando humo de la rabia”, supuestamente amenazando con “volar mierda al zarzo” si algo le pasaba a su hijo. Esta información habría sido filtrada desde “alguien de la mesa del lado del gobierno”, 15 días antes de la captura.
La senadora Zuleta defendió la actuación del Gobierno Nacional, afirmando que a sus críticos les molesta la “Paz Urbana con transparencia” y las reuniones públicas con voceros de las estructuras, a diferencia de cuando, según ella, “los hacían entrar por el sótano y subir en el ascensor privado del alcalde de turno”. Zuleta negó haber influido para evitar la captura de “Yordi”, desafió al alcalde Gutiérrez a denunciarla formalmente, y aclaró que si bien se reúne con la Policía para analizar cifras del conflicto en Medellín, “nunca le hemos dicho a la Policía que no actúe”.
Justo después de la filtración y antes del “tarimazo”, el presidente Gustavo Petro publicó un trino que generó aún más reacciones. Allí recordaba a la fuerza pública en Antioquia que su comandante en jefe es el presidente constitucional y que ningún funcionario de segundo orden puede prohibirle su libre movilización en el país.
También hizo un llamado a las fiscalías de Antioquia a no dejarse instrumentalizar por asesores del despacho del alcalde, advirtiendo que eso sería inconstitucional y una dictadura.
La polémica del “tarimazo”
Las críticas al evento de La Alpujarra y a las declaraciones de Petro no se hicieron esperar. El expresidente César Gaviria condenó la decisión de Petro de llamar a su lado a criminales sacándolos de la cárcel para un evento político, vinculándolo con un supuesto “Pacto de La Picota” y una “concepción autoritaria del poder” del presidente.
El exsenador Humberto De La Calle expresó su preocupación por la continuidad de negociaciones con criminales no políticos sin un marco jurídico claro, calificando el evento como un “exhibicionismo sin compromiso serio de dejar de delinquir”. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que la paz debe basarse en el Estado de derecho y que “las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes”, cuyo lugar es la sanción penal.
Incluso el europarlamentario Leoluca Orlando, conocido como el “alcalde antimafia” de Palermo, Italia, expresó su solidaridad con la Alcaldía y la Fiscalía de Medellín y anunció que presentará una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para apoyar a quienes luchan contra el crimen en Colombia.
Desde la mesa, y los mismos capos o voceros, se ha dicho que la construcción de paz se hace de puertas abiertas a la ciudadanía, sin embargo, lo del fin de semana pasado no fue un acto de paz sino un hecho político donde el presidente quiso marcar un asunto ya sabido: que él es el mandatario de todo Colombia, aún en tierras donde no goza de popularidad. Bien. Pero lo que no le salió fue estar acompañado de los “duros de la mafia” local, que aunque hoy en día aseguran no tener ya vínculos con la criminalidad, sí pueden poner a andar programas para bajar la extorsión o los homicidios.
En varias entrevistas, “Douglas” afirmó que ya no tiene personas bajo su mando, pero que “la gente me cree y me escucha en las comunas por las cosas buenas que he hecho, no por lo malo”. Y argumentó que la Ley 2272 les da el derecho de participar en cualquier acto público y que están comprometidos a lograr la paz y contar la verdad. Aseguró, sin pruebas, haber apoyado la candidatura de todos los alcaldes de Medellín en los últimos años (aunque hay pruebas de apoyo a Luis Pérez en lugar de Alonso Salazar). “Douglas” dijo que él y otros líderes están “jubilados” y quieren “salir a cuidar a nuestros nietos”.
Por su parte, alias “Carlos Pesebre” señaló que “la paz no la pueden seguir haciendo en Bogotá” porque no conocen las dinámicas de las comunas. Argumentó que ha sido el Gobierno el que ha incumplido, llevando al “reciclaje de las violencias”. Reconoció que las estructuras ejercen control territorial y manejan rentas ilegales, pero que si hay oportunidades, “la mayoría de los muchachos se van a salir”.
De lo que no hablaron fue de cómo llenaron La Alpujarra para el “tarimazo”, pues se sabe que fueron ellos quienes hicieron la convocatoria en los barrios de Medellín para que el presidente no se quedara con la plaza vacía. Además, nunca han podido explicar cómo controlan la criminalidad desde la cárcel si no siguen teniendo poder.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, contradice la narrativa de los líderes criminales sobre la reducción de homicidios, afirmando que las cifras venían bajando desde mucho antes de la existencia de la mesa de Itagüí. Argumenta que esta reducción no se debe a una “voluntad de paz”, sino a una “voluntad criminal”, donde entendieron que el homicidio no es rentable para sus negocios.
¿Negociación fallida?
Más allá de la ayuda al presidente Petro con el “tarimazo” y a las promesas de Isabel Zuleta en la cárcel, la paz con las bandas no es fácil porque el gobierno no le ha dado prioridad y la única salida que tienen los cabecillas es entregarse a la justicia.
Y es que estos grupos criminales no tienen marco jurídico claro, pues no existe una ley para negociar. Los capos buscan estatus político y conservar parte de sus fortunas, pero tienen una normatividad penal vigente. Antes buscaban demostrar su poder absoluto en el bajo mundo, ahora son señalados como “empresarios del crimen” que buscan proteger su dinero. La falta de un marco legal específico para el sometimiento de estas organizaciones, a pesar de un proyecto de ley que el gobierno dejó morir, genera dudas sobre la viabilidad de estas negociaciones.
