EPM denunció que existe en Medellín un hurto continuado de infraestructura de gas, por lo que le pidió a las comunidades y comerciantes que se abstengan de aceptar de desconocidos el ofrecimiento de manipular los medidores y las redes de gas, para reducir ilegalmente su factura de consumo.
La empresa señaló que ha recibido múltiples denuncias que ya están en manos de las autoridades, sobre personas que llegan a las casas y los negocios a ofrecer alterar mensualmente los consumos de gas a cambio del pago de una suma mensual de dinero, o mejor dicho, una vacuna disimulada, en la que les aseguran a las personas que este delito no será detectado ni por la empresa ni por las autoridades.
Las peligrosas maniobras de estos delincuentes van desde violentar los sellos, alterar los medidores y hasta realizar conexiones directas para no hacer el paso de la red por el contador, impidiendo así que los equipos operen en las condiciones técnicas normales previstas desde su diseño y fabricación y, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.
EPM recordó que manipular los medidores de gas es un delito de corresponsabilidad. Es decir, en este tema la comunidad debe tener presente que cuando se comprueba la manipulación o alteración de la infraestructura del servicio de gas natural, las sanciones recaen tanto para quien comete el ilícito, como para quien lo promueve o autoriza en el caso del cliente, dueño o administrador de la propiedad.
En estos casos, el Código Penal y la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios, determinan severas sanciones que van desde la imposición de cuantiosas multas y la cárcel, hasta la suspensión misma del servicio de gas.
Para detectar estos fraudes, EPM aseguró que cuenta con personal especializado en este tipo de prácticas y tecnología de punta. Además de las alteraciones técnicas, la empresa monitorea permanentemente los comportamientos históricos de las instalaciones que puedan evidenciar fluctuaciones irregulares o descensos inusuales en los consumos.
Una vez se comprueba el fraude, la empresa está obligada a aplicar los mecanismos legales de control, teniendo en cuenta que, mientras más alto sea el fraude, mayores serán las sanciones.
