Los jueces, magistrados, todos los empleados de la rama judicial pero, sobre todo, los ciudadanos de Medellín y Antioquia llevan más de una década esperando la construcción de un palacio de justicia que centralice la administración de la rama judicial de la ciudad y del departamento en un solo lugar.
Pues bien, esa larga espera parece estar pronto de terminar, pues este martes 11 de marzo, el Consejo Superior de la Judicatura, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y la empresa de construcción Arquitectura y concreto firmaron la puesta en marcha de la obra del nuevo palacio de justicia, que costará cerca de $160.000 millones y deberá estar listo en un lapso de 30 meses, es decir antes de terminar el 2027.
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Y es que desde que el edificio del Palacio Nacional en el centro de Medellín le quedó chiquito a la administración de justicia de la ciudad en la década del 70, esta se fue regando hasta quedar dispersa en edificios y oficinas por todas partes: el Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal Superior de Antioquia, el Contencioso Administrativo de Antioquia, la Comisión Nacional de Disciplina y el Consejo Seccional de la Judicatura, decenas de oficinas que el ciudadano que difícilmente sabe para qué sirven, ni siquiera sabe dónde quedan.
De construir un edificio que las recoja, que sea el punto de encuentro del acceso a la justicia en la ciudad se habla desde hace más de una década. En 2010, la Alcaldía de Medellín, en la época de Alonso Salazar donó $10.480 millones. Luego, en 2013, la gobernación de Antioquia, en cabeza de Sergio Fajardo, donó el único lote disponible en La Alpujarra, con un área de más de 4.300 metros cuadrados. Ese mismo año, el ministerio de Justicia puso otros $10.000 millones. Pero ese impulso fue insuficiente porque el edificio costaba mucho más y aparecieron otras prioridades que lo fueron dejando olvidado, como un expediente que termina de descansa pies en un juzgado.
Hubo que esperar 10 años para que el Consejo Superior de la Judicatura, la rama judicial, ahorrara de su presupuesto $191.000 millones, comprometiendo incluso recursos hasta el 2026, para poder sacar finalmente una licitación, a través de la Agencia Nacional Inmobiliaria, que se ganó la firma antioqueña Arquitectura y concreto.
Por eso, aunque todas las partes del proyecto están felices con el trabajo en equipo que están haciendo sin reparar en ideologías ni partidos políticos, a muchos les tomó por sorpresa un trino del presidente Petro del pasado 26 de diciembre, días después de la adjudicación del proyecto, en el que decía: “El Gobierno Nacional, tras 14 años de espera, construirá el palacio de justicia de Medellín”, dando la impresión de que su gobierno había dado los recursos, cuando fue realmente un esfuerzo propio de años de la rama judicial.
Por ahora, el trabajo del Gobierno Nacional, de la Alcaldía y de la Gobernación es no poner trabas ni ponerse a pelear, sino, por el contrario, ayudar y adelantar los trámites que sean necesarios para que la obra salga adelante pronto.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo resaltó que “este esfuerzo lindo muestra que cuando las autoridades públicas dialogamos y trabajamos de común acuerdo hacemos cosas bellísimas”, además, se comprometió a que el edificio no se convierta en un elefante blanco. “Aquí no van a quedar unas vigas abandonadas que afeen el espacio público, en 30 meses vamos a estar aquí inaugurando este edificio que albergará a todos los tribunales y a más de 100 despachos judiciales”, aseguró.
El edificio contará con 34.000 metros cuadrados para el funcionamiento de más de 100 despachos judiciales y la ubicación de más de 500 servidores judiciales de cinco corporaciones diferentes.
Esta torre judicial tendrá 28 pisos, incluyendo tres sótanos y dos terrazas en el piso 4 y 24. Según los diseños iniciales, los tres sótanos serán destinados a parqueaderos.
Los pisos inferiores alojarán oficinas con mayor flujo de usuarios, mientras que las salas de audiencias y despachos de magistrados estarán en las plantas superiores. En la zona media del edificio habrá espacios para el bienestar de los empleados, como comedores, terraza y gimnasios. Además, el espacio tendrá una plazoleta abierta al espacio público para el disfrute de los ciudadanos.
El diseño del edificio también busca priorizar la sostenibilidad, con la meta de obtener la certificación LEED Gold, que garantiza altos estándares ambientales y de eficiencia energética. Se ha diseñado partiendo de la orientación que maximice la luz natural en los espacios interiores y se utilizarán materiales y tecnologías que cumplan con la norma sismorresistente.
Francisco Martínez Restrepo, fundador y presidente de Arquitectura y concreto celebró la puesta en marcha del proyecto y la innovadora forma de trabajo cómo lo ejecutarán, a través de una administración delegada. Esta consiste en que la Agencia Nacional Inmobiliaria le delega la administración de la obra a la compañía que a la vez pone toda su capacidad técnica y financiera para llevar a los mejores proveedores y que estos a su vez no tengan que negociar con el Estado sino con una empresa de buena reputación en el mercado.
Con ese modelo, según indicó Martínez, solo con la revisión de los diseños, lograron ahorrar $7.000 millones del presupuesto inicial.
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”Es un edificio muy moderno en su arquitectura, compleja, con muchos elementos en acero y concreto de altísima resistencia. La fachada también es compleja y bonita, pero además tratamos de que en el futuro no tenga problemas de mantenimiento y sostenimiento. El pedido que le hacemos a la Alcaldía, a la Gobernación y al Gobierno Nacional es que no peleen si no que nos dejen sacar esto adelante”, señaló Martínez Restrepo.
Por su parte, el director (e) de la ANIM resaltó que “para la ANIM, como Gobierno, este proyecto es muy significativo: primero, porque contamos con la confianza del Consejo Superior de la Judicatura, eso quiere decir que la Rama Judicial está tranquila con nosotros al frente de su gran proyecto en Antioquia y, segundo, porque lo construirá Arquitectura y Concreto, una firma que además de tener unos desarrollos impresionantes, tiene su arraigo en Medellín y eso le da un carácter único a este gran edificio que se alzará en La Alpujarra. Este tipo de infraestructura facilita el acceso digno de la ciudadanía a la justicia. El Gobierno Nacional trae las grandes obras a Medellín y le cumple a los antioqueños”, concluyó.
