La crisis financiera que golpea a la red hospitalaria de Antioquia tuvo un nuevo episodio de tensión esta semana en el Hospital Alma Máter de Antioquia. Tras un plantón realizado por los trabajadores en la avenida Carabobo, las directivas de la institución informaron que, gracias a unos giros recientes de la Adres y algunas EPS, se logró pagar la totalidad de la prima de diciembre y el salario a los empleados que devengan hasta cuatro millones de pesos.
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Sin embargo, la solución es parcial. El personal médico y administrativo cuyos honorarios superan este monto aún permanece a la espera de que lleguen nuevos recursos en el transcurso de la semana para ponerse al día con sus obligaciones. La protesta, marcada por arengas, pancartas y megáfonos, no solo reclamaba por los sueldos atrasados, también por la escasez de insumos básicos como analgésicos, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes.
Lo que ocurre en el Alma Máter (antigua IPS Universitaria) no es un hecho aislado, sino un síntoma de un colapso financiero mayor en el departamento. Según cifras de la Secretaría de Salud de Antioquia, este hospital mixto es el segundo más afectado por la cartera de las EPS intervenidas, con una deuda que asciende a $163.000 millones.
El panorama se agrava al revisar el estado de la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, que no presenta estados financieros desde septiembre de 2023. Esta falta de transparencia tiene a la red hospitalaria a ciegas, acumulando una deuda que en Antioquia supera los $3,1 billones solo por parte de esta entidad. La incertidumbre financiera ha llevado a que los proveedores suspendan despachos de medicamentos y material quirúrgico, afectando la operatividad de clínicas y hospitales.
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La situación de iliquidez ha caldeado los ánimos entre el gobierno regional y el Ministerio de Salud. La tensión alcanzó su punto máximo tras las declaraciones del gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, quien rompió en llanto ante los medios al narrar que sus empleados no tenían “con qué comer” y estaban recurriendo a pagadiarios debido a que no recibían salario desde agosto de 2025.
Al ser consultado por esta crisis humanitaria, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió que “Los ricos también lloran”. El ministro desestimó la responsabilidad del Gobierno central en la falta de giros, atribuyendo la crisis a una presunta “malísima administración” y a que el hospital se habría convertido en un “fortín político”.
Estas declaraciones fueron calificadas de “miserables” e “indolentes” por diversos sectores políticos y gremios médicos, quienes señalan que la crisis deriva de la asfixia financiera impuesta a las aseguradoras y, por ende, a las IPS.
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