Varias organizaciones de usuarios de servicios públicos de la Costa Caribe interpusieron una acción popular buscando que el gobierno del presidente Gustavo Petro también responda en esa región por el pago de los subsidios al servicio de energía y por el saldo pendiente que dejó el mecanismo de la opción tarifaria.
El recurso, que ya fue admitido por un juzgado de Valledupar, se conoció justo cuando el Grupo EPM también libra un pulso legal con el Gobierno Nacional por el mismo problema, que derivó en una orden de embargo que se conoció el pasado lunes.
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Juzgado admite acción popular contra el Gobierno Petro
A través de un comunicado conjunto, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, el Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios “Conectémonos” y varios vocales de control de Valledupar, precisaron que la acción pretende obligar a la Nación a que resuelva con medidas de urgencia saldar esos dos faltantes, que continúan poniendo en riesgo la estabilidad del sistema.
Riesgo de cortes y alzas en tarifas
Además de los pagos pendientes por concepto de subsidios al servicio de energía para los estratos 1, 2 y 3, las organizaciones recordaron que desde abril de 2024 el Gobierno Nacional había prometido cubrir la opción tarifaria y hasta ahora tampoco ha cumplido.
“La admisión de la Acción Popular constituye una extraordinaria noticia para los agobiados usuarios del servicio de energía de la región Caribe, amenazados por la interrupción del servicio y por más aumento de sus tarifas, ante el prolongado e injustificado incumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales del Gobierno Nacional, Ministerios de Minas y de Hacienda, por concepto de subsidios a los estratos pobres y de la opción tarifaria”, señalaron, al tiempo que calificaron como un precedente positivo la decisión el embargo ordenado por un juez a las cuentas de la Nación por las deudas con EPM.
Según precisaron esas organizaciones, la acción popular ya está cursando en el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar.
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¿Qué dice el Gobierno?
A raíz de esta controversia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseveró que esa cartera estaría cubriendo con un monto de $1,5 billones el rezago en los pagos de estos subsidios, que también incluyen el servicio de gas, con recursos gestionados entre enero y marzo de este año.
“En el mes de marzo de 2025, de un total de 110 empresas, sobre las cuales el Ministerio de Minas y Energía tiene valores adeudados de la Reserva Presupuestal de 2024, se solicitaron recursos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cubrir los valores adeudados a 106 de estas empresas acreedoras en: Subsidios Eléctricos, Subsidios Gas Domiciliario por Red, Subsidios GLP, Transporte Nariño y Proveedores. Los pagos se realizarán esta semana y equivalen al 96% de la totalidad de empresas”, aseguró Palma.
¿Qué dice EPM?
