Van más de tres años desde el famoso video de “el cambio en primera”, publicado por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que le valió una suspensión temporal del cargo y el inicio de una investigación disciplinaria por presunta participación en política en favor del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, hoy uno de sus aliados políticos y quien podría elegirlo como su candidato en las presidenciales de 2026 para garantizar la continuidad de su gobierno. Han pasado más de tres años y no se conoce una decisión de fondo sobre el caso en la Procuraduría.
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El sonado caso es solo uno de los escándalos que enfrenta la administración de Quintero por presuntas faltas disciplinarias y penales que investigan distintos órganos de control y por las que ya van al menos 43 imputaciones a exfuncionarios, excontratistas e, incluso, al mismo exalcalde. El video en cuestión, de 5 segundos, fue publicado en la noche del 9 de mayo de 2022, en plena campaña de elecciones presidenciales, en las que Petro era candidato. Quintero se mostró dentro de un vehículo manipulando la caja de cambios y diciendo “el cambio en primera”, publicación que acompañó con un numeral que era usado por promotores del ahora presidente.
Esto generó gran revuelo y fue considerado como una indirecta para referirse justamente a las elecciones presidenciales del 29 de mayo de ese año en favor de Petro. Fue entonces que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra del exmandatario distrital que tuvo varias etapas, entre las más recordadas una suspensión temporal de su cargo, unos días después de publicado el video, con el argumento de que habría vulnerado la ley estatutaria al presuntamente participar en política, bajo el entendido de que “ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley”, dijo en su momento el Ministerio Público.
Desde entonces, el caso ha estado en la Procuraduría y tuvo su más reciente anuncio público hace poco más de un año, en julio de 2024, cuando en una decisión de primera instancia la entidad inhabilitó por seis meses para ejercer funciones públicas al exalcalde Quintero y le impuso una multa de unos $104 millones, por su presunta participación en política en favor del Pacto Histórico, que no se midió solo por el video, sino también por otro episodio con publicaciones en redes en las elecciones a Congreso de 2022 y las múltiples renuncias de sus funcionarios para sumarse a la campaña de la colectividad de Petro.
En el momento de presentar la inhabilidad, en 2024, el Ministerio Público argumentó que el exalcalde se habría aprovechado de su investidura para participar en la contienda electoral por el congreso y la presidencia a través de varios trinos divulgados por la red social Twitter (hoy X), en una conducta que calificó como una falta grave y con dolo.
Pues este tema lo sacó a colación de nuevo la abogada Gloria Jaramillo, conocida en redes sociales como Tyche, quien cuestionó que más de un año después de la inhabilidad, el caso no se ha movido en la Procuraduría y sigue en segunda instancia sin una decisión final. “El expediente ha sido reasignado al menos seis veces desde julio de 2024, sin que exista un fallo definitivo. Este proceso debería fallarse rápidamente, lo que generaría una inhabilidad a Quintero y por lo tanto, no poder participar en la carrera a la presidencia; pero parece que en la Procuraduría le están haciendo el favor de congelar el proceso, para que no lo inhabiliten y pueda ser el candidato del petrismo a la presidencia”, sostuvo la también influenciadora en su sitio web.
Este medio conoció el documento donde se detallan las etapas del proceso referidas por Jaramillo. En este consta que la inhabilidad por seis meses en primera instancia que se dio a conocer el 3 de julio de 2024 fue apelada el día 10 de ese mismo mes y designada a la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Disciplinarios. Desde entonces, entre el 22 de julio de 2024 y el 28 de julio de 2025, se registran seis reasignaciones internas a distintos funcionarios, pero el proceso sigue sin una decisión de fondo.
Aunque no hay una explicación concreta sobre el porqué de la situación, lo cierto es que Quintero avanza en sus intenciones de ser un candidato presidencial para 2026, aunque carga con múltiples escándalos por presunta corrupción y malos manejos de los recursos públicos durante su gobierno. La Procuraduría, por ejemplo, también investiga las denuncias por el uso de la caja menor de su despacho, tema que la Contraloría se llevó la semana pasada desde Medellín hacia Bogotá para continuar las investigaciones.
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Las presuntas irregularidades en el manejo de la caja menor ha sido uno de los escándalos más sonados de la administración de Quintero, después de que, en 2023, salieron a flote documentos que detallaban cómo el despacho del exalcalde se gastaba esos recursos, catalogados como Fondo Fijo Reembolsable y que son únicamente para gastos “imprevistos, urgentes y necesarios”— con miras a garantizar el cumplimiento de las funciones públicas, según establece el Decreto 1645 de 2006—.
En las facturas que se conocieron en su momento, que despertaron indignación y sobre las que las autoridades de control pusieron la lupa, se encontraban desde pequeñas compras hasta otras que alcanzan los siete dígitos. Se trata de gastos en todo tipo de establecimientos, como cigarrerías, panaderías, supermercados, verdulerías, establecimientos de comida rápida y hasta restaurantes de lujo.
Quintero también es uno de los imputados por la Fiscalía, junto a una docena de exfuncionarios y algunos terceros, por el escándalo del lote de Aguas Vivas. Pero en total son 43 imputaciones por distintas presuntas irregularidades en contratación en múltiples dependencias, como la educación, movilidad, Inder, infraestructura y Buen Comienzo, entre otras.
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