Luego de dos semanas de espera, este lunes se reanudó la audiencia de imputación de cargos en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otras diez personas implicadas en el escándalo de Aguas Vivas.
Siga aquí el minuto a minuto:
5:15 p.m: El juez empezó a preguntar a cada uno de los implicados si entendían los delitos por los que estaban siendo imputados. En medio de ese proceso, el juez tuvo un choque con el abogado del exsecretario Carlos Mario Montoya, quien aseguró, alzando el tono de la voz, que luego de escuchar la intervención de la fiscal no entendía de lo que era señalado su cliente. “Si usted como profesional no entendió lo que la fiscal dijo estamos mal en términos de comprensión”, le dijo el juez, señalando no estar dispuesto a regresar a lo debatido previamente y que la audiencia se extendiera más de lo necesario.
Posteriormente, Montoya fue requerido por el juez y señaló entender el lenguaje de la fiscal, pero asegurando que estaría incurriendo en falsedades. El juez le dijo que esas controversias ya hacían parte de otra etapa del proceso y no de la imputación. Tras concluir con Montoya, los demás defensores de los imputados en el primer bloque fueron consultados por sus dudas.
4:40 p.m.: Tras la solicitud de aclaración del juez, la Fiscal procedió entonces a referirse uno por uno a los implicados en el caso. En el primer bloque, recordó que los funcionarios Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores, se les está imputando el delito de interés indebido en la celebración de contratos en favor de los tres privados involucrados
A este grupo de funcionarios los señaló de haber participado, en cada uno de sus cargos y funciones, en los conceptos que abonaron el terreno para que la Alcaldía justificara un pago de $42.000 millones que se iba a hacer a los particulares implicados; es decir, las empresas IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y un tercero identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.
Dichas movidas, sostuvo la fiscal, habrían ido en contravía de conceptos previos de otros funcionarios que se opusieron a que dicho pago se realizara tras considerar que no era legal.
En su recuento, la Fiscal insistió en que, por ejemplo, desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial, a cargo de Carlos Mario Montoya, no se podía haber solicitado una actualización del avalúo en el terreno, que desde Planeación, a cargo de Sergio López, no se podía gestionar el pago del mismo con un fondo público, y que el Distrito tampoco podía, en aras de salvaguardar el interés público, controvertir las decisiones judiciales que impidieron que la conciliación se realizara.
4:32 p.m.: El juez abordó las inquietudes de los defensores y rechazó que el proceso estuviera viciado. “Aquí no estamos decretando nulidades, ni estamos ante dos imputaciones. Estamos ante una imputación que se inició el 8 de abril y que se suspendió. Todos tuvieron la oportunidad de hacer observaciones en la audiencia que se inició el 8 de abril y se planteó (por parte de los defensores) que no había hechos jurídicamente relevantes”, dijo.
El juez recordó que los mismos defensores habían pedido que se aclarara y planteó que eso es precisamente lo que se está haciendo en la sesión de este lunes 21 de abril. “Llaman a que se haga un control, pero cuando se hace un control tampoco le sirve a la defensa. Básicamente lo que observamos es que no se quiere que se haga una imputación”, señaló el juez, dándole el uso de la palabra a la Fiscalía.
4:10 p.m.: Frente a los reparos de los defensores, la Procuraduría dijo que la intervención de los defensores estaban creando una situación paradójica para que se cayera la imputación. Pese a considerar que el caso es jurídicamente complejo, la procuradura planteó que la imputación de la fiscal había estado en regla.
“La Fiscalía hizo un recuento detallado de los hechos jurídicamente relevantes”, sostuvo la procuradora, considerando que el papel de los implicados sí se había explicado de forma clara la exposición de la fiscal. “No entiendo por qué los señores abogados (defensores) insisten en que no ha sido clara la imputación. Esto es un acto de mera comunicación, no es un acto jurisdiccional. No podemos continuar en un contrasentido o en una paradoja”, agregó.
3:40 p.m.: Los defensores del exsecretario de Planeación Sergio Andrés López, del exalcalde Daniel Quintero y de la exsecretaria de Suministros y Servicios Karen Bibiana Delgado, entre otros, señalaron que esa solicitud del juez demostraba los vacíos que habrían ocurrido en la imputación, señalando que la Fiscalía no debería tener la oportunidad supuestamente de “subsanar” la imputación inicial.
3:29 p.m.: Dirimida la controversia de la presencia de la Alcaldía en la audiencia, el juez pasó a abordar la controversia sobre si la imputación de cargos, realizada el pasado 8 de abril, si se habría realizado de forma correcta y si la Fiscalía había enunciado los hechos jurídicamente relevantes, para darle a entender a los procesados de qué estaban siendo señalados con claridad.
El juez dijo que la jurisprudencia de la Corte Suprema ya ha ordenado que las imputaciones deben tener un control material, para garantizar la legalidad de la imputación. Por esta razón el juez requirió a la Fiscal para ahondar en sus señalamientos, pidiéndole precisar con más detalle cuál fue la participación de los implicados en el caso, qué cargo ocupaban en el momento en el que se habrían cometido los delitos y las actuaciones en las que se habría materializado.
Dado que en la primera audiencia la fiscal dividió la imputación en dos bloques, el juez le solicitó centrarse inicialmente en el primer bloque de imputados, a quienes se les señala del delito de interés indebido en la celebración de contratos; es decir, Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores.
“Es bueno que nos precise, porque si hizo una descripción de un trazedar de cargos en los que estas personas estuvieron en la administración”, dijo el juez.
3:16 p.m.: El juez dio por cerrada la controversia y dijo que en la audiencia de formulación de acusación posteriormente se podría abordar el tema y que mientras tanto, en la audiencia de imputación, la Alcaldía podría seguir. “La judicatura enuncia que no repone su decisión”, dijo.
3:10 p.m.: La fiscal controvirtió a los defensores y pidió que la audiencia se siguiera realizando en los mismos términos. “En 2024 se presentó otra denuncia con hechos distintos y que están en otro despacho”, dijo, señalando no ver un problema procesal el hecho de que la Alcaldía de Medellín fuera reconocida como víctima.
Por su parte, la Alcaldía planteó que la decisión del juez no sería susceptible de recursos, por lo que no procedería la solicitud de reconsideración. “Esta representación no está representando al alcalde Federico Gutiérrez sino al Distrito de Medellín, que es una persona jurídica diferente a quien ostente el cargo de alcalde”, expresó el abogado.
3:00 p.m.: El abogado defensor de Quintero, el exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, señaló que respetaba la decisión, pero que no la compartía y por tanto pidió una reconsideración. “Me parece que es muy sensato considerar que tendría que representar aquí los intereses del estado la Contraloría y no quien también hace parte de esta historia”. La medida fue también apoyada por la defensa del exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya.
2:55 p.m.: Juez dice que la Alcaldía de Medellín puede mantenerse como víctima en el caso de Aguas Vivas. Luego de que la defensa del exalcalde Daniel Quintero asegurara que el gobierno de Federico Gutiérrez estaba impedido para participar del caso, alegando un presunto conflicto de interés ya que el caso había comenzado antes de 2020, el juez consideró que la petición no era procedente.
“Si bien el Dr. Luis Hernández en su escrito me señala que, al parecer, se hicieron denuncias en contra el alcalde Federico Gutiérrez, la jurisprudencia es clara en indicar que si el representante legal es el mismo sindicado la Contraloría deberá asumir la constitución de parte civil. Pero aquí no se tiene conocimiento de que el alcalde esté procesado por estos hechos”, dijo el juez. “Se reconoce y se permite la participación del ente territorial”, añadió.
2:37 p.m.: El juez reanudó la audiencia.
