El Juzgado Cuarto Penal de Bogotá condenó el pasado 12 de julio a Andrey José Piñarete a 75 meses de prisión y multa de 30 salarios mínimos legales mensuales por el delito de “amenaza contra los defensores de derechos humanos y servidores públicos”.
Esto porque Piñarete amenazó de muerte al alcalde Federico Gutiérrez el 10 de agosto de 2022, después de haber sido candidato presidencial, a través de la red social Instagram.
Los hechos se remontan al 10 de agosto de 2022, en un contexto posterior a la contienda electoral presidencial. Piñarete Galindo utilizó su cuenta de Instagram (@andreypiñarete) para enviar a la cuenta privada de Twitter de Gutiérrez (@ficogutierrez) el siguiente mensaje intimidatorio: “Das asco pichurria, meterte una indumil es poco mejor unas 15, dejarle la cabeza llena de metralla”. El mensaje, según la sentencia, tenía la finalidad de infundir temor y poner de manifiesto la intención de atentar contra la vida del líder político.
Tras conocer la condena, el alcalde Gutiérrez manifestó que “Todos tenemos que ser responsable de lo que decimos en redes sociales”. Y señaló que “hay mucho cobarde que se esconde a través de las redes sociales y amenaza. Este tipo que decía que nos quería llenar la cabeza de metralla y de plomo, pues ahora le tendrá que responder a la justicia”.
La denuncia contra Piñarete fue interpuesta el 16 de agosto de 2022, y la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, tomó el caso. El 18 de enero de 2023, el Juzgado 28 Penal Municipal de Garantías avaló la imputación contra Piñarete Galindo, quien no aceptó los cargos.
Durante el juicio oral, que se desarrolló en varias sesiones entre abril y diciembre de 2024, se acreditó plenamente que el mensaje intimidatorio fue enviado desde Islas Canarias, en España, donde Piñarete Galindo residía.
Andrey José Piñarete: las pruebas que llevaron a su condena
Entre las pruebas clave que llevaron a la condena se destacaron varios testimonios. El alcalde Gutiérrez, en calidad de víctima, relató las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la amenaza y cómo esta afectó su tranquilidad personal y familiar. Subrayó que, aunque no conocía al remitente, la amenaza le generó zozobra, decidiendo hacerla pública.
Gutiérrez, quien desde 2009 ha estado vinculado a la política, desempeñando cargos como concejal, alcalde y candidato presidencial, agregó que su actividad política ha estado amenazada por estructuras criminales y que ha recibido múltiples mensajes de odio a través de redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook.
El testimonio de Adriana del Pilar Sánchez, excompañera sentimental del acusado, fue crucial. Ella confirmó que el perfil de Instagram era de Piñarete Galindo y que contenía fotos de su familia, incluyendo sobrinos. Además, aseguró que Piñarete privatizó sus redes sociales al ser alertado sobre la situación. Sánchez lo ubicó en Islas Canarias el día de los hechos y dio cuenta de su carácter violento, por el cual ya lo había denunciado penalmente por violencia intrafamiliar.
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La defensa de Piñarete Galindo argumentó que la sentencia no podía sustentarse en suposiciones, que los testigos de cargo no fueron certeros y que la investigación fue incipiente, además de señalar un posible ánimo de retaliación en el testimonio de la excompañera. Sin embargo, el despacho judicial rechazó estos argumentos, al considerar que la credibilidad de los testimonios fue sólida, la investigación suficiente.
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Además, la sentencia resalta la actitud desafiante e irrespetuosa que Piñarete Galindo mantuvo durante las audiencias en contra de los asistentes y de la propia juez, a pesar de las amonestaciones.
La sentencia subraya que el comportamiento de Piñarete Galindo fue “antijurídico, afectando la autonomía personal y generando zozobra y terror en el líder político”. La decisión también hace énfasis en la importancia de este fallo como un precedente ante el uso indebido de las redes sociales, que se han convertido en herramientas para el matoneo, la estigmatización y la destrucción, y en un “velo para la delincuencia”. El juez destacó que la ciberdelincuencia no conoce fronteras, como se demostró en este caso transnacional.
Aparte de los años de prisión y de la multa, a Piñarete lo inhabilitaron para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo de la pena principal.
El juzgado además negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, dado que la pena impuesta supera los cuatro años y no se acreditó el arraigo social, laboral y familiar del condenado, lo que impide inferir que no pondría en peligro a la comunidad. Por lo tanto, se emitirán las órdenes de captura correspondientes para su reclusión en un establecimiento carcelario.
La defensa ha manifestado que interpondrá el recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
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