En una cumbre de la Cordillera Central, rodeada de la esencia del campo y animales de granja, está la peluquería unisex de la vereda Caparrosal, en el municipio de Miranda. Es una casa de ladrillo pelado, de una sola planta, donde suponemos que los indígenas nasa van a cortar sus cabelleras negras como la medianoche. Al entrar, sin embargo, no es el olor a bálsamo, champú y vapor de secadora lo que nos recibe, sino un concentrado aroma de marihuana que golpea la cara.
En el patio trasero, sentada en el suelo de barro, una mujer manipulaba las tijeras con la experticia que dan los años. Pero no era una melena lo que pulía. Con delicadeza cortaba ramitas y pedazos de hoja de una inflorescencia de marihuana, la parte de la mata destinada a la venta.
En video: Cripa, la joya del microtráfico
“A esto se le llama peluquear el moño”, dijo Cristian Chate, uno de los cultivadores que nos acompañó en la última semana de octubre, mientras la joven en sudadera, sin levantar la mirada, guardaba en una bolsa la masa vegetal que en el futuro se distribuirá como cripa, la droga que según la Policía es la más pretendida por narcos y adictos de los centros urbanos.
En el norte del departamento de Cauca, en especial en las localidades de Miranda, Corinto y Toribío, la siembra de marihuana se ha convertido en la principal fuente de supervivencia. Sobre todo desde que los cultivos se extendieron por cuenta de tres factores: las promesas de sustitución que trae el Acuerdo de La Habana, las normas que permiten el uso de la planta con propósito medicinal y el auge de la cripa en las grandes ciudades, donde las bandas la expenden a granel.
En un viaje a la zona, EL COLOMBIANO observó cómo es la cultura de la marihuana en su lugar de nacimiento y cómo fue que los traficantes antioqueños transformaron el mercado, para surtir las calles de Medellín con las dosis y las montañas de Cauca con la semilla.
Llegaron “los del sombrero”
En otra vivienda de Miranda, una familia nos abrió las puertas. Adentro había una sala, dos cuartos y una cocina, pero sin muebles, ni comedor, ni camas. La casa era una pequeña fábrica: en la estancia había una joven y un niño de unos 9 años peluqueando moños; una habitación estaba llena de ramas colgadas al revés, igual que murciélagos, secándose al calor de una parrilla improvisada para eliminar la resina de la mata; y en la cocina, una máquina para embolsar al vacío era el principal utensilio.
La producción de la cripa se aceleró desde 2015, cuando de forma continuada empezaron a llegar los comercializadores paisas o “los del sombrero”, como les dicen en la zona, por lucir este típico accesorio. Oswaldo Imbachi, representante de la cooperativa Miracannabis, que agrupa a 315 familias cultivadoras en proceso de legalización, contó que estos forasteros arriendan las tierras en los resguardos y comunidades campesinas, ofreciendo hasta $1’500.000 por hectárea.
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La condición es que en ese terreno se cultive cripa, un híbrido de laboratorio con variedades como Diesel, Tropical, Patimorada, Roja Italiana, Súper Skun y Vetiada, entre otras, que contienen un porcentaje elevado de THC (tetrahidrocannabinol), el compuesto que genera el efecto alucinógeno.
Establecieron sociedades con los habitantes, entregándoles insumos en tecnología, fertilizantes y demás. Las plantaciones, antes concentradas en cuatro municipios de esa región, ahora están en 36.
Según el último censo de cultivos ilícitos de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, “en Colombia no se ha desarrollado una metodología censal que permita conocer el área sembrada con marihuana”; no obstante, por los sobrevuelos de la Policía en 2016 se detectó que en Colombia hay por lo menos 95 hectáreas, de las cuales 69 se concentran en Cauca, aunque la cifra podría ser mayor. Le siguen Santa Marta (11 hta), Meta (8 hta) y Nariño (7 hta).
“Son muy pocas las personas que han desaprovechado la presencia de ese cultivo. En Toribío hay 4.000 familias que dependen de eso”, acotó Alfredo Muelas, exgobernador indígena del sector y actual asesor político de la cooperativa Caucannabis Colombia, que agrupa a 400 cultivadores.
El apogeo de la planta derribó el valor del producto. Los sembradores recuerdan con pesar que en 2010 vendían la libra de cripa por $400.000, pero hoy el precio llegó a un mínimo histórico de $15.000.
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Esa situación favoreció a “los del sombrero”, que se apoderaron del mercado igual que la roya de un cafetal, y perjudicó a los cultivadores. Mientras los campesinos se quedan con una mínima porción de la ganancia, los comercializadores de Antioquia, Valle, Bogotá, Caquetá, Eje Cafetero y los Santanderes hacen su fortuna.
“Uno la cultiva, pero el que gana la plata es el que la saca, el que la lleva a vender a otras partes. Uno no se arriesga a sacarla porque la ley lo puede coger, prefiere uno tener poquito pero estar libre”, expresó Blanca Luz Riveros, delegada de la JAC de la vereda Rionegro, en Corinto.
Según datos de la Policía y de los labriegos, esa misma libra de $15.000 vale $150.000 en Cali, $250.000 en Pereira, $500.000 en Cúcuta, en Bogotá $700.000 y en Trinidad y Tobago alcanza una cifra récord de $2’000.000.
En el Valle de Aburrá el precio de reventa oscila de $280.000 a $500.000. En la incautación más reciente, cuando la semana pasada hallaron 2.6 toneladas en una casa del municipio de Bello, el subdirector del CTI Medellín, Edward Rodríguez, declaró que “el cargamento iba a ser abastecido en todos los expendios de la ciudad y algunos municipios del área metropolitana. La Fiscalía está haciendo una investigación para atacar a toda la organización ilegal, desde su nacimiento en Cauca”.
“Los del sombrero” no siempre se presentan en el terreno, sino que contratan a lugareños para que cumplan la función de comisionista, yendo a gestionar de finca en finca hasta reunir dos o tres toneladas. Algunos de estos intermediarios suelen usar una estrategia maquiavélica para regular aún más los precios: retrasar la fecha de compra.
Esto pone a sufrir a los campesinos, pues a diferencia de la marihuana nativa, la cripa no dura más de dos meses almacenada, se daña adquiriendo un color amarillento. “Entonces a uno le toca vender más barato, para no perder toda la cosecha”, se lamentó Cristian Chate.
Cambio carros por yerba
La dinámica del negocio incentivó los trueques de bultos de marihuana por vehículos en Toribío y el corregimiento Tacueyó. Los caminos polvorientos del área se llenaron de pobladores en camionetas con placas de Envigado, Sabaneta y Apartadó.
Oswaldo, quien pertenece a la Guardia Indígena, narró que muchos de esos carros o motos toca botarlos después, porque tienen papeles falsos o fueron robados. El caso más grave es el de un joven de Buenos Aires, Cauca, quien en 2015 hizo un intercambio de arrobas de mata por una camioneta, sin saber que el vehículo había sido hurtado y dos personas asesinadas adentro. “No tuvo cómo demostrar que no sabía nada de eso y le metieron 28 años de cárcel. Ahora le pedimos ayuda a la Policía para revisar los antecedentes”, aseveró Oswaldo.
Aún así, el trueque no se detiene y las más apetecidas son las camionetas Toyota Hilux, Chevrolet Dmax y Montero Mitsubishi. A juicio de los moradores, mientras los nuevos dueños no vayan a los centros urbanos, no hay riesgo de capturas, pues en la ruralidad de Toribío, donde por décadas se instaló el régimen de terror de la guerrilla, persiste la ausencia estatal y nunca suben policías a pedir papeles.
Alfredo agregó que “en 2016 calculamos que unas 1.500 motos robadas circularon por aquí”.
Algunos labriegos transforman los motores de esos vehículos en generadores de energía para abastecer los tendidos de luz de los invernaderos y cultivos hidropónicos; otros emplean electricidad de sus fincas o la toman de los postes.
La tecnificación, fomentada por “los del sombrero”, cambió el paisaje nocturno de la Cordillera Central. Cuando muere la tarde, se encienden miles de bombillas, y lo que antes era un morro negro se convierte en un mapa luminoso, semejante a las comunas de Medellín.
Esta demanda de energía supera la capacidad de la red instalada, por lo que a menudo hay cortes de luz. “Me quebré con una fábrica de yogures que tenía, cortaban la electricidad, se apagaba la nevera y se dañaba el producto”, dijo Oswaldo.
En imágenes: Montañas de marihuana
“No somos narcos”
La firma de la paz con las Farc trajo un aire nuevo a la región, pues los tatucos ya no vuelan de morro a morro ni las aeronaves bombardean las montañas. Para muchos pobladores, esa es la única ventaja del posconflicto, además de proponer un trato distinto a los cultivadores ilegales, pues las comunidades siguen soportando el abandono estatal y las inversiones prometidas no se ven.
En el norte hay problemas de distribución de tierra. Los indígenas se quejan porque no tienen espacio y les toca exprimir al máximo cada centímetro de suelo. No son dueños de vastas extensiones, sino de pequeñas parcelas, donde crecen apiñados palos de café, plátano, naranja y hasta coca.
“Por aquí se cultiva la hoja de coca también, pero la venta no es tan fuerte como la cripa. Una arroba sale en $30.000 y hasta fiada”, relató Oswaldo.
El tamaño promedio de un cultivo de marihuana es de 500 plantas, que producen 200 libras de moño. Según documentos de autoridades locales, esto le genera a una familia un ingreso mensual de $792.000 (con un precio de libra a $45.000), luego de haber descontado los gastos por insumos y producción ($25.000 del jornal en el cultivo y $6.000 por libra peluqueada, entre otros).
El empleo es escaso y por eso muchos ven en la marihuana una oportunidad, pues es el producto con el mercado más activo. Flover Rivera, cultivador de Miranda, expresó que mientras una mata de café tarda dos años en germinar, la marihuana da cosecha en cuatro meses.
El Ministerio de Justicia radicó el 24 de octubre un proyecto de ley en el Congreso, que ofrece tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores, buscando la transformación social de los territorios afectados, en cumplimiento del Acuerdo de Paz. El ministro Enrique Gil Botero precisó que la norma favorecería a 100.000 familias.
En el Ministerio hay 92 personas naturales inscritas a la espera de una licencia que los autorice como pequeños y medianos productores y comercializadores de cannabis medicinal. En estudio hay otras cinco licencias para cultivos de cannabis sicoactivo y otra para uno de semillas.
El Gobierno ya expidió autorizaciones que permiten sembrar la planta con fines industriales a las empresas Khiron Life Sciences Corp. (de capital canadiense), FCM Global (de Antioquia), Medcann S.A.S. (futuras sedes en Meta y Bogotá) y Canmecol S.A.S. (Cali). Lo paradójico es que ninguna es de Cauca, la principal fuente de la mata.
Los cultivadores se están agrupando en cooperativas para obtener la licencia. Su propósito es devolverle el uso ancestral a la marihuana y experimentar ya no con la cripa, sino con las tres plantas criollas: mango biche, corinto y punto rojo, que tienen un nivel bajo de THC y sirven para tratar enfermedades.
“Vemos una solución en la legalización, con decretos se trabaja en forma ordenada”, afirmó el indígena Carlos Vitonás, de Toribío. “Ya no vamos a ser usados por narcotraficantes, porque a nosotros nos catalogan de narcos por tener cultivos, pero solo somos cultivadores que apenas subsistimos, eso es lo que hacemos aquí”, añade mientras recorre una cosecha, envuelto hasta la cabeza en las matas que sus abuelos le enseñaron a querer.
8.5
toneladas de marihuana incautó la Policía de Cauca en 2016, según la Institución.
19.3
toneladas de marihuana ha incautado la Policía de Cauca en lo que va de 2017.
