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La Fiscalía de Venezuela pidió este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarar “organización terrorista” al partido político Voluntad Popular, del líder opositor Juan Guaidó, al que vincula con una fallida incursión armada por mar.
“Hemos introducido en la Sala Constitucional (del TSJ) un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo” para “determinar si la organización política Voluntad Popular es una organización terrorista”, indicó el fiscal general, Tarek William Saab, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.
Los artículos establecen la responsabilidad “civil, administrativa y penal” por “hechos punibles” relacionados con “el financiamiento al terrorismo”, así como la “confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión” de un delito. La legislación venezolana establece penas de hasta 30 años por cargos de terrorismo.
Saab, de línea chavista, acusó a Voluntad Popular y a Guaidó -jefe del Parlamento reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países- de promover acciones desestabilizadoras para “hacer estallar a Venezuela”.
“Financiaron una incursión mercenaria contra nuestro territorio y buscan comprar lealtades para continuar intentando llevarnos, incluso en plena pandemia, a una guerra civil”, aseguró en referencia a las dos fallidas incursiones en las que murieron ocho personas, una de ellas el pasado 3 de mayo.
Tras las mismas, fueron detenidas 66 personas, entre ellos dos exsoldados estadounidenses, Luke Denman y Airan Berry, ambos con identificaciones laborales de la contratista militar Silvercorp, de la que es representante el también norteamericano Jordan Goudreau.
Precisamente, Saab aseguró que “hay personeros que participaron en estos hechos, como el dueño de Silvercorp, Jordan Groudeau, quien dijo que fue estafado por Guaidó”, y uno de sus principales asesores Juan José Rendón, que reconoció haber firmado un contrato preliminar con la empresa estadounidense pero negó haber dado finalmente luz verde a la operación.
Además, el fiscal acusó a Voluntad Popular, organización política de centroderecha inscrita ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde 2011, de apropiarse “del dinero de cuentas venezolanas en el extranjero” y de la filial petrolera Citgo con “el apoyo de Estados Unidos”. Vale la pena recordar que la Casa Blanca entregó el control de Citgo a Guaidó hace más de un año.
Con el “dinero robado” por el “movimiento terrorista” han “financiado una incursión mercenaria contra nuestro territorio”, añadió el fiscal sobre la operación que Caracas también atribuye a Estados Unidos y Colombia.
Saab aludió así a un conjunto de sanciones financieras aplicadas por la administración de Donald Trump, que buscan asfixiar al gobierno de Nicolás Maduro, al que tilda de “dictadura” tras su reelección para un segundo período en mayo de 2018 en comicios considerados como fraudulentos.
Frente a los señalamientos de la Fiscalía, la sociedad venezolana quedó a la expectativa por la respuesta que pueda dar el alto tribunal. Sobre esta situación, todavía no hay un pronunciamiento oficial por parte de Guaidó.
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