Las profundas divisiones de la oposición venezolana ya llegaron hasta la mesa de negociación que se desarrolla en México con el gobierno de Nicolás Maduro, debido a las duras acusaciones del dirigente radical Leopoldo López contra delegados opositores. Les dijo que estaban supuestamente a favor de los “intereses” del presidente chavista.
Los señalamientos llegan una semana después de que una mayoría dentro de la oposición eliminara desde el 5 de enero el “gobierno interino” de Juan Guaidó en Venezuela, reconocido hace cuatro años por Estados Unidos y medio centenar de países en una fallida ofensiva por tomar el poder tras denunciar como “un fraude” la reelección de Maduro. Colombia le dio validez en la administración de Iván Duque, pero eso cambió con la llegada de Gustavo Petro al poder.
“Es una delegación que lamentablemente tiene personas que tienen un cable directo con la dictadura”, advirtió López, del ala más radical de la oposición y exiliado en España desde octubre de 2020, en una videoconferencia con corresponsales extranjeros.
Arremetió en particular contra los negociadores Tomás Guanipa y Luis Aquiles Moreno, miembros de dos de los partidos opositores que impulsaron el fin del “interinato”, Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD), pero salvó de responsabilidad al jefe de la delegación, Gerardo Blyde.
“Es un hombre honesto, claro, comprometido, pero él tiene una delegación que está penetrada por los intereses de la dictadura”, indicó el político de 51 años, que –sin embargo– descartó que su partido, Voluntad Popular (VP), se levante de la mesa: “No vamos a abandonar ningún espacio”.
En las negociaciones de México, restablecidas en noviembre pasado después de 15 meses de parálisis, la oposición exige fijar una fecha para unas elecciones presidenciales en 2024 con garantías, que comiencen con el levantamiento de inhabilitaciones judiciales a posibles candidatos.
Maduro, entre tanto, insistió en su demanda de levantar “todas” las sanciones internacionales que buscaron presionar su salida del poder.
Aún no hay fecha para una próxima reunión entre las partes, aunque el mandatario la condicionó al desembolso de 3.000 millones de dólares bloqueados por sanciones, acordados el año pasado para proyectos sociales.
“Esperamos ese depósito para seguir las conversaciones, para que tengan validez”, dijo en su mensaje anual al Parlamento.
A esto hay que sumarle que el presidente Petro le ha insistido a Maduro –en privado– que tiene que aceptar el aceleramiento de las elecciones para que en el país se retome el camino democrático y, de paso, se mueva el regreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. La duda es hasta dónde quiere ceder el régimen.
