La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó provisionalmente al gobierno del presidente Donald Trump reanudar sus redadas itinerantes contra la inmigración ilegal en el sur de California, unas operaciones muy criticadas por la oposición demócrata y organizaciones de derechos humanos.
Un tribunal federal en julio y luego una corte de apelaciones federal en agosto habían prohibido hasta nuevo aviso a la policía federal de inmigración (ICE) detener en Los Ángeles y su región a personas sobre la sola base de una serie de cuatro factores.
Estos factores eran su presencia en un lugar generalmente asociado con la mano de obra inmigrante —parada de autobús, lavadero de coches, explotación agrícola o ferretería—, el tipo de actividad realizada, el hecho de hablar español o inglés con acento extranjero, o bien su apariencia étnica.
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La intensificación de las redadas policiales en este tipo de lugares donde trabajan latinoamericanos genera polémica desde principios de junio en Los Ángeles, y provocó manifestaciones violentas y el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Donald Trump.
“La fuerza policial privada de Trump ahora tiene luz verde para ir tras tu familia (...) pero seguiremos combatiendo estos ataques aberrantes contra los californianos”, reaccionó el gobernador demócrata del estado, Gavin Newsom.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que la decisión se trata de un “ataque” contra las libertades civiles.
“El estado de derecho solía significar algo no solo para nosotros, sino también para la Corte Suprema, pero ahora, de un plumazo, la Corte Suprema ha socavado los derechos de millones de personas”, comentó Bass.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anticipó que continuará la batalla legal para intentar “detener las redadas inconstitucionales”.
Los tribunales de primera instancia y luego de apelación consideraron estas detenciones contrarias a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas de arrestos, registros o cacheos arbitrarios al exigir como mínimo “una sospecha razonable”.
Pero seis jueces de la Corte Suprema levantaron el lunes esa suspensión, contra el criterio de los tres magistrados progresistas, hasta que el tribunal de apelaciones se pronuncie sobre el fondo o hasta que ella misma intervenga.
La Corte Suprema no ofreció los fundamentos de su decisión de este lunes, pero uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, agregó una opinión al fallo en la que destacó que “la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles”, con una proporción de inmigrantes en situación irregular estimada en el 10% de la población.
La jueza Sonia Sotomayor, la primera latina nombrada a la Corte Suprema, expresó su desacuerdo.
“No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios”, escribió.
La inmigración, incluso la indocumentada, aporta una mano de obra esencial al sector agrícola estadounidense: el 42% de los trabajadores agrícolas no tiene autorización para trabajar en Estados Unidos, según un estudio del Departamento de Agricultura de 2022.
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El gobierno Trump alega por su parte que el coste para las finanzas públicas y el impacto para la seguridad nacional de los irregulares es demasiado elevado.
La política contra la inmigración ilegal es uno de los puntales del segundo mandato de Trump, y el republicano lo relaciona estrechamente a la lucha contra el crimen.
La ICE anunció este lunes una operación en Illinois (norte).
La capital del estado, Chicago, registró 573 asesinatos en 2024. Desde hace trece años es la ciudad que sufre más asesinatos en Estados Unidos en cifras absolutas, aunque la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes no es la más elevada del país.
“Este operativo de ICE estará dirigido contra los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador [demócrata Jay B] Pritzker y su política de santuario los protegerían”, anunció el comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Trump amenaza además a Chicago y a otras ciudades con mandar a la Guardia Nacional para controlar el crimen, como ya hiciera en Los Angeles o Washington, una perspectiva que solivianta a Pritzker.
“Vamos a limpiar nuestras ciudades (...) para que no maten a cinco personas cada fin de semana. Eso no es guerra. Es sentido común”, replicó Trump a preguntas de una periodista en la Casa Blanca.
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