El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó abrir una investigación sobre el entorno de su predecesor Joe Biden, porque sospecha de una “conspiración” para encubrir el deterioro de la salud cognitiva del demócrata y para usurparle el poder.
Durante la campaña electoral, Trump prometió “venganza” contra sus adversarios políticos y se ha embarcado en una ofensiva para desacreditar a su predecesor, que ha sido respaldada por políticos del Partido Republicano y sus partidarios en los medios conservadores.
Citan las pocas apariciones públicas de Biden mientras estaba en el cargo, así como su aparente falta de disposición para conceder entrevistas, como evidencia de lo que -según ellos- era un hombre incapaz de desempeñar el exigente puesto de comandante en jefe de Estados Unidos.
“Esa conspiración constituye uno de los más peligrosos y preocupantes escándalos de la historia de Estados Unidos”, indica un memorándum presidencial.
“En los últimos meses, se ha vuelto cada vez más evidente que los asistentes del expresidente Biden abusaron del poder de las firmas presidenciales mediante el uso de una máquina de firmar para ocultar el declive cognitivo de Biden”, continúa el texto.
“Al público estadounidense se le ocultó deliberadamente el descubrimiento de quién ejercía el Poder Ejecutivo, mientras se desplegaba la firma de Biden en miles de documentos para efectuar cambios radicales en las políticas”, apunta.
Los republicanos han insistido en que el entorno de Biden encubrió su deterioro físico y cognitivo, tomó decisiones en su nombre y usó un dispositivo que podía reproducir su firma para permitirles seguir gobernando el país en su nombre.
“El consejero del presidente, en consulta con el fiscal general y el jefe de cualquier otro departamento o agencia ejecutiva relevante (...) investigará (...) si ciertas personas conspiraron para engañar al público acerca del estado mental de Biden y ejercieron de manera inconstitucional las autoridades y responsabilidades del presidente”, dice el documento.
La investigación también examinará “las circunstancias que rodean la supuesta ejecución de numerosas acciones ejecutivas por parte de Biden durante sus últimos años en el cargo (incluyendo) los documentos de políticas para los cuales se utilizó la máquina de firmar (y) quién ordenó que se aplicara la firma del presidente”.
En un mensaje transmitido a la AFP, Biden estima que esta iniciativa es una mera distracción “para impulsar una legislación desastrosa” que recorta programas esenciales, en referencia a un megaproyecto de ley presupuestaria que se debate en el Senado.
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“Seamos claros: tomé las decisiones durante mi presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier insinuación de que no lo hice es ridícula y falsa”, recalcó.
Justo antes de pasar el testigo a su peor enemigo político, Joe Biden otorgó indultos preventivos a varios aliados políticos y familiares, incluido su hijo Hunter, blanco recurrente del bando trumpista, para protegerlos de futuros procesos judiciales.
Durante la campaña electoral, Donald Trump atacó implacablemente las capacidades cognitivas de Biden, y ha continuado haciéndolo desde su regreso a la presidencia en enero.
Biden, que tenía 81 años en ese momento, abandonó su candidatura para un segundo mandato después de un desastroso desempeño en el debate contra Trump que renovó las preocupaciones sobre su salud y su agudeza mental.
El Partido Demócrata está cada vez más dividido por disputas sobre si había que haber obligado a Biden a renunciar antes para dar la oportunidad de encontrar un candidato presidencial más popular.
El expresidente, ahora de 82 años, anunció recientemente que padece una forma “agresiva” de cáncer de próstata.
Algunas voces de la derecha insisten —sin pruebas— en que las personas más cercanas a él debían conocer el diagnóstico desde hace un tiempo.
