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CIDH denuncia posible ejecución y “masacre” de manifestantes en protestas en Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo que rechazaban este informe, pero lo respetaban.

  • En Perú iniciaron una serie de protestas desde que Pedro Castillo fue detenido por un intento de golpe de estado. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO / EFE
    En Perú iniciaron una serie de protestas desde que Pedro Castillo fue detenido por un intento de golpe de estado. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO / EFE
04 de mayo de 2023
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión de las protestas contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que dejaron 50 muertos entre diciembre pasado y febrero de este año.

El organismo de la OEA presentó un informe tras la visita de una representación a ese país a comienzos de año, en el que señala a los agentes del Estado por su presunta responsabilidad en “múltiples” muertes de civiles y pide a la justicia peruana “investigar, juzgar y sancionar” a los responsables.

La respuesta de los efectivos de seguridad “no fue uniforme en todo el territorio nacional y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”, señaló la CIDH.

En ese sentido, detalló lo ocurrido en la ciudad de Ayacucho, donde murieron diez manifestantes, ocho de ellos durante el intento de toma del aeropuerto local el 15 de diciembre.

“Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, (las muertes) podrían calificarse como una masacre”, dijo el informe.

Según la Comisión, “al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, pues las víctimas recibieron “impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, en la parte superior del cuerpo”.

También cayeron o resultaron heridas personas ajenas a las manifestaciones que estallaron el 7 de diciembre, tras la destitución del presidente Pedro Castillo por su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

Entre tanto, la presidenta Dina Boluarte reaccionó al informe y rechazó “la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”. Aún así, resaltó la importancia de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía y exhortó a que “avancen con celeridad y objetividad y se determinen a los responsables”.

Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, asumió el poder en medio de las marchas de afines a Castillo que exigían su renuncia y elecciones anticipadas.

El expresidente Castillo, de 53 años, cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.

En enero, la Fiscalía abrió una investigación sobre la gestión de la presidenta Boluarte y de otros altos funcionarios por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta que finalice su mandato, en julio de 2026.

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