El reciente alto al fuego entre Israel e Irán, tras doce días de ataques a instalaciones nucleares, reavivó el temor a una guerra atómica.
A pesar del cese temporal de hostilidades, el presidente Donald Trump anunció este miércoles que ambos países retornarán a la mesa de negociaciones, después de que los diálogos sobre el programa nuclear iraní fueran desbaratados por el inicio de la ofensiva israelí contra Teherán.
En contraste con esa tensión, América Latina parece un ideal: es una región densamente poblada donde ningún país posee armas nucleares.
Ha sido un proceso de años
Este no es un escenario que sorprende. Desde 1967, con la firma del Tratado de Tlatelolco, promovido por México tras la crisis de los misiles de Cuba en 1962, las naciones latinoamericanas acordaron no fabricar, adquirir ni probar armas atómicas. Según análisis de medios como BBC Mundo, esto se debe a una combinación de factores:
Falta de conflictos armados prolongados entre países de la región
A pesar de que varios países de la región han enfrentado conflictos internos o tensiones externas, ninguno ha escalado al nivel de confrontaciones interestatales como las vistas en Medio Oriente o Europa del Este.
Altos costos y complejidad técnica para desarrollar una bomba
No es un secreto que muchos países de América Latina enfrentan crisis económicas, sociales, políticas y de seguridad. En ese contexto, desarrollar armas nucleares —que exige una infraestructura tecnológica compleja y costos altísimos— resulta inviable para la mayoría, que carece de los recursos y la capacidad industrial necesarios.
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Voluntad política sostenida y consensos multilaterales
América Latina no solo ha carecido de armas nucleares por limitaciones técnicas o económicas, sino también por decisión política. Desde la firma del Tratado de Tlatelolco en 1967, los países de la región han mostrado un compromiso duradero con el desarme, respaldando acuerdos multilaterales y construyendo consensos diplomáticos que refuerzan la desnuclearización como una política compartida, no como una excepción.
Incluso países como Brasil y Argentina, que décadas atrás exploraron programas militares, abandonaron esa ruta a favor de la cooperación civil y el monitoreo conjunto.
Colombia ha sido parte activa de ese camino. En 1996 firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN), y lo ratificó en 2001 durante la II Conferencia sobre medidas para facilitar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN).
“Hacemos parte de una región con vocación pacifista que creó en 1967, en plena Guerra Fría, una zona libre de armas nucleares por medio del tratado de Tlatelolco cuyos principios, como fuera expresado por la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, a nombre del Grupo de Río, nos han señalado un norte y marcado un hilo conductor en materia de no-proliferacion”, declaró el embajador de Colombia en ese entonces, Héctor Charry Samper durante su intervención.
El TPCEN prohíbe toda explosión nuclear en cualquier entorno —terrestre, submarino o atmosférico— y establece un sistema de monitoreo técnico mundial para verificar su cumplimiento.
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Mientras Irán lucha por su programa y Estados Unidos busca ser un mediador en este conflicto, América Latina reafirma otro modelo: el de la seguridad sin armas nucleares. Colombia respalda esa postura con tratados vinculantes.
En un mundo donde la disuasión atómica vuelve a ser moneda diplomática, América Latina sigue apostando por un desarme sostenido, y el país se presenta como un actor coherente en esa apuesta.
