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Mundo | PUBLICADO EL 13 octubre 2022

La justicia de Perú le cerró el cerco al presidente Castillo

La Fiscalía radicó ante el Congreso una petición de proceso por posible corrupción. El mandatario asegura que es un golpe de Estado. El país está en crisis.

  • Las oficinas de varios congresistas afines a Pedro Castillo fueron allanadas por la Fiscalía, que los acusa de corrupción. FOTO Efe
    Las oficinas de varios congresistas afines a Pedro Castillo fueron allanadas por la Fiscalía, que los acusa de corrupción. FOTO Efe
  • Las oficinas de varios congresistas afines a Pedro Castillo fueron allanadas por la Fiscalía, que los acusa de corrupción. FOTO Efe
    Las oficinas de varios congresistas afines a Pedro Castillo fueron allanadas por la Fiscalía, que los acusa de corrupción. FOTO Efe

La Fiscalía de Perú estrechó el cerco judicial sobre el presidente Pedro Castillo al allanar el domicilio de su hermana, con su madre presente, y presentar en el Congreso una denuncia constitucional por presunta corrupción en su contra que podría sacarlo del cargo. El mandatario acusó el round y denunció “una nueva modalidad de golpe de Estado”.

La situación se gestó este martes, que arrancó con varios allanamientos en las oficinas y residencias de seis congresistas del partido Acción Popular, quienes son apodados “Los Niños” y están investigados por sus presuntos vínculos con la supuesta organización criminal que, según el Ministerio Público, lidera Castillo desde el Ejecutivo.

En simultáneo, la Fiscalía –con apoyo de la Policía– también allanó la casa de una hermana del gobernante, donde se encontraba su madre, Mavila Terrones, quien tuvo que ser internada en un hospital de Lima por problemas de salud que curiosamente le aparecieron en las diligencias.

“Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía por la salud de mi señora madre”, criticó Castillo. Los allanamientos, que ocurrían mientras la prensa revelaba más acusaciones contra el mandatario, se saldaron con la detención preliminar de cinco integrantes de un grupo de exasesores del Ejecutivo, quienes son indagados por su rol en el supuesto grupo corrupto del Jefe de Estado que torció licitaciones de obras públicas.

Y pocas horas después de estas escenas, la fiscal General, Patricia Benavides, radicó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo como presunto líder de una organización criminal.

Los delitos de los que señalan a Castillo y a su círculo son tráfico de influencias agravado y colusión (fraude). Además, se acusó a la organización del Presidente de desplegar una “constante y feroz obstrucción a la Justicia”.

Con esta denuncia, queda en manos del Legislativo que podría resolverse con una votación en el pleno sobre una eventual suspensión del mandatario, quien en sus 15 meses de gestión ha sobrevivido a dos intentos de destitución impulsados por la oposición. Castillo sigue acorralado.

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