Dos de los tres poderes del Estado chocan en Perú. El Ejecutivo, liderado por el presidente Martín Vizcarra puso en jaque al Legislativo, de mayoría opositora en cabeza de Fuerza Popular (el partido fujimorista), por la elección de seis de los siete magistrados del máximo órgano judicial, el Tribunal Constitucional. El duelo entre el Gobierno y el Congreso ha sido constante desde que el mandatario asumió el cargo.
El llamado del presidente pone contra la espada y la pared a los fujimoristas, ya que en caso de rechazar la reforma al mecanismo de elección de los integrantes del Tribunal, Vizcarra estaría habilitado para disolver el Congreso y que se convoque a elecciones anticipadas para este órgano, sin que los actuales congresistas puedan reelegirse.
Al solicitar la medida, el mandatario expresó en un mensaje a la Nación que “los peruanos no debemos permitir la vuelta al pasado, a ese pasado vergonzoso, donde las repartijas y los acuerdos bajo la mesa eran práctica común para coaptar las instituciones”.
Gobierno versus Congreso
La disputa se remonta al 28 de julio de 2019, al día de la independencia del Perú, en donde el presidente expusó en su discurso que el Congreso no había cumplido con aprobar en debida forma las reformas que presentó. Ante este escenario propuso que mediante una reforma constitucional se lleven a cabo elecciones anticipadas, para el Ejecutivo y el Legislativo.
Así, radicó ante el parlamento el proyecto de reforma el 31 de julio. Pero, durante agosto y septiembre, bajo diversas formas se alargó la decisión y no se le dio trámite. Sin embargo, el jueves 26 de septiembre, mediante un encuentro que fue calificado de “sorpresivo” la Comisión Constitucional del parlamento archivó la iniciativa, rechazando de plano las elecciones anticipadas.
Tras archivar el proyecto, la portavoz de Fuerza Popular, Milagros Salazar, aseguró que Vizcarra y sus ministros “irán a la cárcel” si toman alguna medida que pueda, de alguna manera, desacatar la decisión del Congreso, dijo EFE.
La decisión tomó por sorpresa al Gobierno, que se vio abocado a tomar una medida. Cuando el presidente regresó de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras reuniones con los ministros, anunció que hoy presentarán la cuestión de confianza, que será liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien declaró tras el rechazo del proyecto que “no se iba a quedar de brazos cruzados”.
Pero una batalla lleva a la otra. La medida no se instauró por el archivo de la reforma, sino por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, ya que el fujimorismo pretendía mediante un proceso acelerado este lunes, renovar a seis de los siete magistrados.
El poder del Tribunal
El máximo órgano judicial (similar a la Corte Constitucional en Colombia) tiene un periodo de cinco años y su competencia lo faculta para interpretar la Constitución.
Sumado a lo anterior, debe decidir en temas claves como continuar con la cooperación con la Fiscalía de Brasil por el caso Lava Jato, relacionado con el escándalo de Odebrecht, que ha llevado a abrir investigaciones que recaen sobre personajes de todas las vertientes; y la posible la libertad de la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (hija del expresidente Alberto Fujimori), quien actualmente está en la cárcel.
Para el expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, al Tribunal “no le gusta al fujimorismo”, pues se encuentra conformado por por dos fujimoristas, dos antifujimoristas y tres independientes. Además, Tuesta resaltó que la disputa de poder podría derivar en dos escenarios.
En la primera escena, el presidente del Consejo de Ministros se presentaría ante el parlamento para tramitar la medida. De esta forma, se discutiría la cuestión de confianza para modificar las reglas de la elección de los magistrados. Así, “si le dan la confianza, ya no se elegirían y tampoco habría elecciones al Congreso”. Pero, si no hay confianza “tiene habilitada la disolución del Congreso y, en el mismo decreto, convocaría a elecciones durante los próximos cuatro meses”.
En el otro escenario, el legislativo haría caso o omiso al llamado del presidente (que tiene prelación sobre los otros temas) y elegiría a los magistrados. Posterior a ello, respondería al llamado. “Ese escenario aún no tiene una respuesta clara”, dijo Tuesta.
Así, este lunes será día clave para el país andino, que en una batalla librada entre el parlamento fujimorista y el Ejecutivo, que ondea las banderas anticorrupción, definirá su futuro político.
