El trabajo de Robert S. Scherrer, el agente delegado del FBI para Buenos Aires durante la década de 1970, consistía en escribir historias para que nunca fueran leídas. En sus informes, clasificados excepto para sus superiores, describía las desapariciones y asesinatos de guerrilleros montoneros —y militantes de izquierda cercanos a ellos o sospechosos de serlo—por parte de las fuerzas armadas argentinas.
Scherrer no solo elaboraba un relato pormenorizado de los homicidios, que comenzaron incluso antes del golpe militar de 1976 bajo el mando del teniente general Rafael Videla (Ver cronología). A veces, el agente también daba detalles sobre el proceso de ocultamiento. Narraba la creación de una versión falsa, reproducida por la prensa y que terminaba fijándose en la realidad.
Los secretos que redactó en esos años vivieron más que él, pues murió en 1995, pero no fueron eternos. Se revelaron en abril de este año como parte de las 43.000 páginas de documentos clasificados de la época de la dictadura argentina entregados en abril de este año por el gobierno de Estados Unidos, en la desclasificación más grande de la historia de la Casa Blanca.
Se trata de reportes de 16 agencias de seguridad e inteligencia, como el Departamento de Estado, el FBI y la CIA, que relatan el surgimiento y la operación del gobierno militar que se mantuvo hasta 1983 y que en el camino dejó —según las organizaciones de derechos humanos— 30.000 desaparecidos.
Una guerra oculta
En Argentina, de acuerdo con Marcos Novaro, politólogo investigador de la Universidad de Buenos Aires, los militares libraron en los 70 y principios de los 80 una guerra sin decírselo a nadie. Ni siquiera a sus enemigos. Su estrategia para combatir al comunismo y a los movimientos de izquierda no consistió en grandes incursiones, sino en desapariciones, torturas y asesinatos selectivos.
Para cuando la guerra se hiciera pública, según sus planes, ya estaría ganada. Pero fue un secreto para la inteligencia estadounidense. En uno de los documentos desclasificados, fechado el 24 de julio de 1976 —cuatro meses después del inicio de la dictadura—, el jefe de la división de América Latina de la CIA, Raymond A. Warren, expresaba su preocupación por la coordinación entre países de la región gobernados por militares —Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y la propia Argentina— para “liquidiar a líderes terroristas de América Latina”. La nota terminaba con una pregunta: ¿Qué debían hacer para evitarlo?
La respuesta definitiva no llegó. Una parte de esta, sin embargo, se conoce por otra desclasificación de archivos de la CIA en 2004, en voz de la máxima autoridad de relaciones exteriores estaodunidenses de ese momento, el secretario de Estado Henry Kissinger. Se trata de una conversación con el ministro de exteriores argentino, César Guzzetti en la que dice: “Si hay cosas que deben hacerse, debe ser rápidamente”.
La prioridad de Estados Unidos, según explica Novaro, era la discreción. “La guerra de Vietnam provocó un cambio drástico en ese país. Obligó a los estadounidenses a controlar hasta dónde llegaban sus fuerzas armadas”, afirma.
Los militares argentinos, en cambio, no tenían a la vista un tribunal ante el cual responder. Creían, concluye el experto, que su cruzada no rendiría cuentas, “que era definitiva y sin marcha atrás”.
Ficciones
Scherrer reporta : “De acuerdo con la Policía Federal Argentina de Córdoba, Marcos Osatinsky (41 años), cuyo nombre clave de montonero es “Santiago”, fue capturado hace tres semanas por la Policía de Córdoba y funcionarios del gobernador Raúl Lacabanne. Osatisnsky fue severamente torturado por el cuerpo de seguridad del gobernador Lacabanne (...) Estaba en tan mal estado que se hizo evidente que tenía que ser asesinado, ya que las marcas de torturas serían obvias”.
El informe, del 26 de agosto de 1975, sigue. Relata que mientras el cuerpo de Osatinsky, fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), era trasladado de Córdoba a Tucumán, su ciudad natal, el mismo grupo de policías que lo había torturado, secuestró el ataúd. “El propósito de robar su cuerpo era prevenir una autopsia. Probablemente, el cuerpo de Osatinsky nunca aparecerá”.
Así concluye un relato que, durante 44 años, no existió. Lo que se supo sobre la muerte del comandante montonero, ejecutada antes de la dictadura, fue lo que los policías federales decidieron que se contara: Osatinsky, dijeron, murió en un enfrentamiento con las fuerzas del orden que intentaban recuperar a unos uniformados secuestrados por el grupo guerrillero. Luego, sus seguidores asaltaron su caravana fúnebre y recuperaron su cuerpo.
Su ficción fue casi perfecta. Sobrevivió mucho más que varios de sus implicados: el gobernador Raúl Lacabanne murió en en 1985, así como los hijos adolescentes de Osatinsky, de 18 y 16 años, asesinados meses después de la muerte su padre, también por fuerzas estatales.
El cuerpo de Osatinsky, de hecho, no apareció como lo predijo Scherrer. Pero sus huellas no quedaron allí, sino en un papel escrito por un agente, un documento que viajó a Washington y fue liberado casi medio siglo después.
Dados cargados
¿Por qué, tras desaparecer, torturar y asesinar a alguien, el autor de los crímenes elegiría conscientemente consignar su confesión en una hoja y firmarla? Además de su contenido, la existencia misma de los archivos de dictaduras como la argentina son huellas para entender su funcionamiento.
Como explica César Osorio Sánchez, asesor de dirección de archivos de Derechos Humanos en el Centro Nacional de Memoria Histórica, los regímenes represivos no escapan a la necesidad de cualquier Estado de registrar sus actividades. Gobernar es, en síntesis, administrar. O, dicho de otro modo, llevar la cuenta, asignar responsabilidades y cadenas de autoridad.
Esta característica estuvo presente en las dictaduras de América Latina, las cuales coincidieron en la segunda mitad del siglo XX y establecieron vínculos de cooperación para perseguir a sus enemigos comunes, bajo el nombre del Plan Cóndor.
El sistema argentino respondía a esta noción de orden desde su propio nombre: Proceso de Reorganización Nacional. Aunque fuera por decenas de miles, los militares no mataban al azar.
Cuando, por ejemplo, torturaban con una picana eléctrica a una psicóloga enferma de polio y postrada en una silla ruedas, como reveló un archivo del Departamento de Estado del 21 de enero de 1978, lo hacían “con el propósito de obtener información sobre uno de sus pacientes”.
Había una suerte de proceder quirúrgico, como apunta Luciano Laise, doctor en derecho de la Universidad Austral de Argentina, bajo el que se transmitía la ilusión de heroísmo, de estar actuando por un bien mayor. “Los militares se sentían los liberadores de Argentina de la amenaza del comunismo y, como tales, algunos se opusieron a ocultar las acciones de la dictadura”, agrega Novaro.
El registro también respondía a esa idea de normalidad. Los crímenes de la dictadura se reportaban como partes de guerra, como victorias, como positivos. Pero cuando la presión por la derrota en la guerra de las Malvinas y las violaciones de derechos humanos obligaron al último líder de la Junta Militar, Ryenaldo Bignone, a convocar elecciones, la prioridad fue la destrucción de las pistas que habían dejado y ahora se convertían en potenciales pruebas judiciales.
Pero no lograron borrar un rastro que, desde el regreso a la democracia, han seguido las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. Fue por su petición que Estados Unidos realizó la primera desclasificación en 2002 y también están detrás de la adquisición de los archivos más recientes y de la petición al gobierno argentino de inversión para el procesamiento de esa información.
Porque, tal como la describe Marcela Perelman, directora de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales, los archivos entregados “son como dados cargados”. Tras su existencia hay intenciones, pistas falsas, competencias entre las agencias de inteligencia. El acercamiento, por lo tanto, “no puede ser ingenuo y no puede ser literal”.
Hay que mirar esos fragmentos de historia con el rompecabezas completo en la cabeza, con la certeza de que, probablemente “no hay nada completamente nuevo, nada que no conozcamos otra fuente”, como explica Celina Flores, directora de la ONG Memoria Abierta.
En Argentina, después de todo, una generación completa ha vivido recordando la herida que dejó el régimen militar que terminó hace 36 años y, pese a eso, el pasado aún no se convierte en historia.
Detrás de cada suceso que activistas como Marcela y Celina conocen de memoria, de cada documento rutinario de una agencia estadounidense, puede haber un nombre dejado de lado por la memoria. Una vida cortada, guardada y archivada en páginas escritas para nunca ser leídas.
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mil asesinatos se cometieron en los primeros tres años de la dictadura: Militares
49
mil páginas de archivos ha desclasificado EE. UU. sobre la dictadura argentina.
