En 2024, el nombre de Juan Carlos Monedero agitó la opinión pública en Colombia tras conocerse que fue contratado por el Gobierno Petro para ser panelista de honor en un encuentro de medios alternativos colombianos. ¿La polémica? Su defensa al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, dos años después, el nombre de Monedero hace parte del debate internacional, pero por su sanción.
Este fin de semana, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sancionó a Monedero por un año tras hallarlo culpable en medio de una investigación sobre acoso sexual que inició una de sus alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
La denuncia fue interpuesta por la joven en enero de 2025, apenas tres meses después de la participación honorífica del hombre en el congreso de comunicación hecho en Colombia. En la querella mencionada, la alumna aseguró que no solo ella habría sido víctima del acoso, sino también otras compañeras de su clase.
De acuerdo con fuentes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el expediente, de carácter confidencial, pasó de la Unidad de Igualdad a la Inspección de Servicios y, posteriormente, en abril de 2025, fue remitido a la Fiscalía.
Esta entidad decidió archivar la investigación al concluir que no existían elementos para configurar un delito contra la integridad moral, aunque consideró que la conducta atribuida al profesor era “improcedente” y “moralmente reprochable”.
Después de esa decisión, en junio de 2025, el Punto Violeta del campus de Somosaguas cuestionó el archivo de la denuncia presentada contra Monedero, al considerar que sí debía actuarse frente a los hechos denunciados por varias estudiantes que asistieron a sus clases durante el curso 2021-2022.
En ese momento, el colectivo pidió a la universidad abrir un procedimiento por la vía administrativa, proceso que finalmente derivó en la sanción impuesta al docente. Sanción que también ha causado polémica, puesto que la Universidad asegura que Monedero ya cumplió 6 meses del año de sanción.
Los detalles fueron conocidos por una investigación de la Agencia EFE, que además encontró trabas en el proceso puesto que la Universidad insistió en que “la normativa vigente en materia de protección de datos” no permite dar detalles del caso pues “no facilitan ni confirman datos personales relativos a terceros”.
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