La mayoría fue contundente. 2.878 de los 2.974 delegados de la Asamblea Popular Nacional de China dieron su voto favorable a la nueva Ley de Seguridad Nacional. Con su decisión alentaron una controversia con repercusiones internacionales: Hong Kong, la antigua colonia británica que China se anexionó en 1997 bajo la promesa de otorgarle un régimen especial de autonomía, ahora tiene mayores restricciones a esa independencia.
Dicha norma, que deberá ser redactada en una versión definitiva para que el Comité Permanente de la Asamblea Popular (un grupo más reducido, de 150 legisladores) le dé un último visto bueno antes de su promulgación, prohíbe “cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central, el robo de secretos de Estado y la realización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras”.
Un texto que los sectores prodemocráticos de la excolonia, que ganaron 333 de 452 curules en el Consejo Distrital en las elecciones del pasado 25 de noviembre, leen como una afrenta al modelo de “un país, dos sistemas”, que ha regido por más de dos décadas y que ha permitido que los hongkoneses desarrollen su propio entorno económico y político, o como un intento de sofocar a los movimientos independentistas.
Alejandro Godoy, investigador en Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, describe esta nueva jugada de China como “una estrategia de tenaza” y asegura que no es coincidencial que la aprobación se dé en este momento: “China está aprovechando la pandemia para sacar ventaja en todo. Cuando los ojos del mundo están sobre el coronavirus, el Gobierno de Xi Jinping está enviando militares a la frontera con India para asegurar su proyecto de la nueva Ruta de la Seda y de otro lado, impulsa esta norma para seguir aprisionando a Hong Kong”.
El analista considera la nueva norma como una “estocada” al modelo “un país, dos sistemas”, que se propina “justo cuando Occidente está muy debilitado como para responder de alguna manera”.
Y es que aunque Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos ya alzaron su voz en un comunicado conjunto para acusar a Pekín de estar violando sus obligaciones internacionales “según los principios de la declaración conjunta firmada por China y Reino Unido, legalmente obligatoria y registrada ante la ONU”, Godoy prevé que no es mucho lo que esos países puedan hacer al respecto en medio de una crisis de salud pública.
Pero otra cosa considera desde la excolonia la agrupación política prodemocrática Demosisto, que en un pronunciamiento expresó ayer el temor de que países occidentales “retiren el estatus económico preferente que otorgaba un trato diferenciado a la ciudad respecto al resto de China”.
Mientras tanto, la gobernadora Carrie Lam, conocida por ser afín al Gobierno de Xi, se defiende y manifestó que, con su decisión, el Legislativo “demuestra que el país se preocupa mucho por Hong Kong” y aseguró que la nueva ley “solo castigará a una minoría extremadamente pequeña de delincuentes y no afectará las libertades de los hongkoneses”. Una promesa cuyo cumplimiento está por verse, a juzgar por la respuesta oficial a las protestas, que tan solo este 27 de mayo dejó un saldo de 300 manifestantes detenidos y 18 hospitalizados, según la Policía.
