La decisión del Gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo periodo vence en septiembre de 2019 y, acto seguido, expulsar al colombiano Iván Velásquez, quien fungía como comisionado de este ente, causó revuelo en la oposición y aseveró que con esta medida se busca garantizar la impunidad y la corrupción de ese país.
“El mandato de la Cicig, contrario a lo que aducen sus detractores, es un compromiso de Estado asumido de los Acuerdos de Paz para combatir a grupos criminales incrustados en el poder, la corrupción e impunidad, males estructurales del sistema político”, expresaron en una carta los representantes de la Formación Política Convergencia.
Hasta la sede de Cicig, organismo perteneciente a Naciones Unidas, llegaron efectivos militares y fue rodeado por el Ejército por orden del presidente Jimmy Morales. “Los vehículos militares están rodeando las instalaciones de la Cicig y la zona 14. Han ido y venido durante estos minutos”, denunció Matías Ponce, portavoz de esta Comisión.
Así mismo, el mandatario guatemalteco decidió no renovar la visa a Velásquez, documento que se le venció ayer, y notificó oficialmente al secretario general de la ONU “la no renovación del mandato de la Cicig, y que de inmediato inicien las transferencias de capacidades a las entidades”.
