Cataluña aún no ha vivido sus días de mayor tensión, como demuestra lo ocurrido durante toda esta semana siguiente a la votación del referendo independentista —declarado ilegal por la justicia española—, y la represión por parte de autoridades españolas.
Ayer, el Tribunal Constitucional de España suspendió la sesión del pleno del Parlamento catalán prevista para el lunes 9 de octubre, al admitir el recurso presentado el mismo jueves por el Partido Socialista de Cataluña (PSC), considerando que dicha sesión supondría un “quebrantamiento radical” de la Constitución.
Asimismo, el Banco Sabadell, que funciona desde 1808 en Barcelona, decidió ayer cambiar su sede a la ciudad valenciana de Alicante, disparando la especulación respecto a que otras entidades bancarias y empresas en general huyan de la comunidad autónoma por la tensión suscitada tras la consulta independentista.
Tal como informó EFE, el gobierno de Mariano Rajoy prepara un decreto que previsiblemente firmará hoy, y que permitirá a las empresas acordar el cambio de sede social sin someter esa decisión a la junta de accionistas, lo que aceleraría la salida de Cataluña a las empresas que quieran.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Víctor Corcoba, escritor y columnista del diario Siglo XXI de Andalucía, afirmó que Rajoy incluso estudia la pronta aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supondría eliminar la legitimidad de las instituciones autonómicas catalanas: “ha llegado el momento de su aplicación, puesto que la Comunidad Autónoma catalana no ha cumplido las obligaciones de la Constitución”.
Desde Cataluña, Borja de Riquer, historiador y docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, consideró que “toda solución intransigente, fuera de la voluntad de diálogo en este caso, solo tendrá el efecto de acentuar la crisis y reforzar los reclamos independentistas. Tarde que temprano tendrá que haber una negociación”.
