En cinco de los estados donde todavía está permitida la esclavitud como castigo por cometer un delito votaron esta semana para abolirla completamente. En cuatro ganó la abolición completa pero hubo uno en donde eligieron que siguiera vigente.
A pesar de que hace más de 150 años la constitución de Estados Unidos prohibió la esclavitud en la que una persona podía ser propiedad de otra, en varios estados del país sigue vigente una excepción para los presos condenados.
El pasado 8 de noviembre, en las elecciones de mitad de mandato, los estados de Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont votaron para decidir si eliminaban o no estas penas de sus leyes estatales. De manera que los presos no fueran sometidos a trabajos forzosos sin ningún tipo de remuneración para cuando terminaran sus condenas. En todos los estados donde se votó, menos en Luisiana, fue aprobada la reforma.
Los estados de Colorado, Nebraska y Utah aprobaron medidas que prohiben todas las formas de esclavitud desde 2018, pero en casi 20 de los 52 estados de ese país sigue vigente.
“Los votantes de Oregon y de otros estados se han unido por encima de las líneas partidistas para decir que esta mancha debe ser eliminada de las constituciones estatales”, dijo el senador demócrata de ese estado, Jeff Merkley, a The Associated Press.
Este martes, en Louisiana, 6 de cada 10 electores votaron en contra de la enmienda que buscaba que nadie, ni los presos, tuvieran que hacer trabajos forzosos.
La razón es que el lenguaje que se utilizó en ese estado para la enmienda finalmente no erradicaba por completo la esclavitud sino que dejaba abierta una ventana para que siguiera vigente. Incluso, el representante a la cámara por el partido Demócrata, Edmond Jordan, quien fue el promotor inicial de la votación, terminó pidiéndole a sus electores que votaran en contra.
La Constitución de Luisiana dice: “La esclavitud y la servidumbre involuntaria están prohibidas, excepto en el caso de que sea un castigo por un delito”. La enmienda habría cambiado eso a: “La esclavitud y la servidumbre involuntaria están prohibidas, pero esto no se aplica a la administración legal de la justicia penal”.
En una entrevista con BBC News el miércoles, Jordan dijo que retiró su apoyo porque no quería “hacer daño” y que mantener la ley tal como está ahora significa que “no estamos peor hoy que hace dos días”. Dice que planea revisar el proyecto de ley y hacer campaña para que se apruebe en 2023.
