La “represión” del gobierno de Daniel Ortega contra la iglesia católica en Nicaragua, con la expulsión y arresto de autoridades eclesiásticas –sumado a un ataque frontal contra los medios de comunicación que tienen su origen en esa tendencia religiosa, se convirtió en un motivo de alta preocupación para la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF).
“El régimen de Ortega muestra el más absoluto desdén por las organizaciones religiosas”, afirmó el congresista republicano Mario Diaz-Balart durante una audiencia virtual organizada por la USCIRF, una entidad independiente y bipartidista establecida por el Congreso de Estados Unidos para vigilar, analizar e informar sobre las amenazas a la libertad religiosa en el exterior.
Este año el gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, expulsaron al nuncio Waldemar Sommertag, pusieron bajo arresto domiciliario al obispo Rolando Álvarez y detuvieron a sacerdotes y seminaristas.
Pero la crisis se ahondó desde las protestas de 2018, que Ortega vincula con un supuesto fallido golpe de estado urdido por la oposición con el apoyo de Washington.
Y ahora se han visto ataques como el sufrido por la asociación Misiones de la Caridad, creada por la Madre Teresa de Calcuta, que fue ilegalizada y las monjas tuvieron que huir del país, donde las procesiones religiosas están prohibidas.
“La situación actual de Nicaragua es crítica y seguimos utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestro alcance para que se rindan cuentas por los abusos cometidos por el régimen y quienes lo apoyan”, afirmó Patrick Ventrell, director de la oficina para asuntos centroamericanos del Departamento de Estado.
De hecho, Washington ha prohibido la entrada a cientos de nicaragüenses y sancionado a la industria aurífera, a través de la cual se financia el gobierno de Ortega.
Pero, según Ventrell, al mismo tiempo el gobierno de Joe Biden mantiene “canales abiertos de comunicación” y “sigue dispuesto a entablar negociaciones diplomáticas”. Sin embargo, añadió que, por el momento, “no han dado ninguna señal seria de que estén dispuestos”.
Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, recordó que la hostilidad de Ortega por la Iglesia católica no es nada nuevo.
“Lo que ha cambiado hoy es una tremenda obsesión de poder” que, dijo, le ha llevado a disparar el presupuesto policial. Agregó que hay más de 200 presos políticos bajo “acusaciones falsas” y casi medio millón de personas han emigrado en los últimos dos años.
Para Irela Guevara, directora de la oenegé Outreach Aid to the Americas, el mayor cambio es que el gobierno puso en marcha un mecanismo para actuar contra la iglesia, “bajo la falsa declaración de que es terrorista”.
En septiembre, Ortega afirmó que la Iglesia católica es una “dictadura perfecta” por no permitir que la mayoría de los católicos elijan al Papa, y tildó a los obispos y sacerdotes de “asesinos” y “golpistas” por haber apoyado, según él, las protestas en 2018.
“La intención detrás de estos ataques es clara”, aseguró Christopher Ljungquist, consejero para América Latina de la Oficina de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.
“El régimen pretende aterrorizar a la iglesia, que ahora es la última institución independiente de la sociedad civil en el país para silenciarla a través de la violencia, el terror y el acoso institucional”, declaró.
“La represión es enteramente política y no religiosa”, insistió Ljungquist, quien acusó al gobierno de haberse cubierto con “un manto de mesianismo político”, apropiándose de “la retórica y los símbolos de la Iglesia católica para sus propios fines”, y de hostigar a los evangélicos.
