Una frase quedó grabada en una de las escuchas judiciales que destaparon el mayor escándalo de corrupción del gobierno socialista español: “Necesito dinero, jefe”. La pronunció Koldo García, un exescolta que se convirtió en asesor ministerial, y que ahora es el rostro más visible de una red de favores, comisiones y negocios oscuros que ha hecho tambalear los cimientos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y salpica directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Para los colombianos no dicen mucho los nombres de José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Víctor de Aldama, por tanto, vale la pena ponerle rostro y contexto a esta historia de poder, ambición y traición.
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El origen del escándalo: ¿quién es Koldo García?
Koldo García Izaguirre era más conocido por su pasado como escolta de políticos del PSOE en el País Vasco que por su trayectoria técnica. Sin embargo, su cercanía con José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y una de las figuras más fuertes del gobierno de Pedro Sánchez, lo llevó a ocupar un puesto de confianza en el Ministerio.
Según reveló el diario ABC en junio de 2025, Koldo se convirtió en un intermediario clave para gestionar contratos de emergencia durante la pandemia de COVID-19, cuando el gobierno compró mascarillas y material sanitario por miles de millones de euros. Pero detrás de las mascarillas se escondía una red de corrupción: comisiones ilegales, contratos inflados y empresas fantasma.
La red empresarial detrás del fraude
Según una investigación de Infobae del 15 de junio de 2025, el núcleo empresarial que se benefició de los contratos estaba conformado principalmente por Víctor de Aldama, Gonzalo Martín y José Manuel Adell Borrás, entre otros.
Víctor de Aldama es presidente del club de fútbol Zamora CF, sin experiencia previa en el sector sanitario. Su empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. recibió contratos por más de 53 millones de euros para importar mascarillas. La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) documentó que gran parte del dinero fue desviado a cuentas personales y para pagar comisiones a políticos.
Gonzalo Martín es empresario y figura clave en la trama. También aparece vinculado a Soluciones de Gestión y manejaba parte de la estructura financiera para triangular pagos a través de paraísos fiscales. Adell Borrás, por su parte, aparece como figura secundaria pero vinculada a empresas contratistas. Algunos de estos empresarios participaban en fiestas privadas durante la campaña electoral, donde también se ofrecían servicios sexuales a miembros del entorno político, incluyendo a una mujer colombiana.
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Prostitución, fiestas y escándalo electoral
El caso escaló cuando las autoridades judiciales encontraron evidencias de que durante la campaña de 2023 algunos miembros del PSOE y contratistas participaron en fiestas con prostitutas pagadas con fondos de los contratos. Una de ellas era colombiana. El detalle no fue menor: la revelación activó aún más el rechazo social y desató nuevas investigaciones judiciales.
El presidente del gobierno intentó tomar distancia del escándalo. Pero no fue fácil. Los medios comenzaron a preguntar por qué Koldo —un hombre sin experiencia técnica— había ocupado un cargo tan relevante, y cómo empresarios sin historial en salud accedieron a contratos millonarios en plena pandemia.
El 12 de junio, Pedro Sánchez ofreció una declaración institucional donde pidió perdón a la ciudadanía, aseguró que el PSOE colaboraría con la justicia y prometió “tolerancia cero con la corrupción”.
Sin embargo, el golpe ya estaba dado. Las encuestas reflejaron una caída de la confianza en el gobierno. Y dentro del partido, comenzaron las renuncias.
Uno de los primeros en caer fue Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y pieza clave en el engranaje político del partido. La presión de las bases y los medios fue insostenible. Cerdán renunció el 16 de junio. Aunque no está formalmente imputado, los vínculos con los empresarios beneficiados y con Ábalos lo dejaron políticamente herido.
Por su parte, Ábalos ha negado cualquier participación directa en la trama, pero la cercanía con Koldo y el hecho de haberlo designado como asesor lo han convertido en blanco de todas las críticas. El escándalo ha arrastrado consigo aparte del ala dura del PSOE.
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Lo que revelan las pruebas: grabaciones, cuentas y facturas falsas
El caso ha avanzado con pruebas concretas: llamadas telefónicas grabadas, transferencias bancarias, informes de la UCO y testimonios de exfuncionarios.
El medio VisualPolitik, en un video explicativo publicado en YouTube, detalla cómo las empresas contratadas no tenían antecedentes sanitarios, y cómo algunas de ellas fueron constituidas apenas semanas antes de firmar los contratos. Además, se descubrieron pagos en efectivo, desvío de fondos a cuentas en el extranjero y una estrategia para encubrir las comisiones usando facturas falsas y servicios inexistentes.
El contexto de la pandemia fue clave. El estado de alarma permitió que el gobierno hiciera compras sin licitaciones públicas, bajo la figura de “urgencia”. Ese vacío fue el que, según los investigadores, permitió que se inflaran contratos y se entregaran a empresas amigas del poder.
¿Qué viene para el PSOE y Pedro Sánchez?
Los partidos de oposición, especialmente Partido Popular (PP) y VOX, han usado el escándalo para exigir la dimisión de Sánchez y la convocatoria a elecciones. Aunque el gobierno resiste, las tensiones han crecido incluso entre los socios de coalición.
Desde Sumar, el partido aliado del PSOE, han exigido “transparencia total”, y han pedido que se publique la lista completa de empresas y personas beneficiadas.
El caso sigue en investigación judicial. La Audiencia Nacional tiene a su cargo el proceso, y se esperan nuevas imputaciones en los próximos meses.
Para Pedro Sánchez y el PSOE, el daño ya está hecho: la imagen de un partido limpio, moderno y progresista ha sido golpeada por el recuerdo de viejas prácticas políticas: clientelismo, favores, y corrupción.
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