“Dilma es una mujer fuerte, guerrera; tiene su conciencia tranquila, la claridad de que los hechos que le imputaron no son verdaderos crímenes y muchísimo coraje de decírselo a los senadores que la hundieron, personalmente y mirándolos a los ojos. Ella sale de ese proceso con su cabeza erguida”.
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Así, en palabras de su abogado, José Eduardo Cardozo, se sentía la presidenta de Brasil minutos antes de que una mayoría del Senado decidiera despojarla del poder con una contundente mayoría: 61 votos de 81.
Aunque en cuatro meses de alegatos, preparación y consumación del juicio político, los parlamentarios sostuvieron que Rousseff debía salir por “corrupta” y hasta por “contradecir a Cristo”, al final fueron dos los argumentos en los que debían basar su decisión: maquillar las cuentas fiscales en 2014 y promulgar seis decretos para abrir créditos por 725 millones de dólares sin el aval del Congreso.
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Si bien los puntos fueron probados por la Fiscalía de Brasil, se convirtieron en objeto de polémica entre ciudadanos, políticos, académicos y hasta líderes mundiales: ¿Eran o no suficientes para destituir a una presidenta?
Cardozo, que en comunicación con EL COLOMBIANO calificó como “un honor poder actuar de apoderado en esta causa, poder estar como abogado del lado cierto de la historia y de la democracia”, insistió en que lo que él mismo defendió fue “un claro golpe parlamentario”.
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Para él, la situación se le complicó a la presidenta destituida al carecer de una mayoría en el Parlamento y al correr con la mala suerte de que se unieran políticos que no alcanzaron mayorías para ser senadores en 2014 con personajes investigados por el caso Lava Jato (el de corrupción a través de la estatal Petrobrás).
Ahora bien, desde el análisis constitucional, Virgilio Afonso da Silva, abogado constitucionalista de la Universidad de São Paulo, explica que a la luz de la Constitución sigue siendo difícil identificar si hubo sustento para el impeachment, ya que la solicitud de créditos suplementarios y las demoras en el pago a los bancos estatales son conductas que no aparecen claramente en la Carta Magna como causales y además fueron practicadas por expresidentes como Luiz Inácio Lula da Silva, aunque en cantidades inferiores.
Tampoco se justificó la decisión para Marc Chernick, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. “Dilma no estaba acusada de enriquecimiento ilícito ni hizo una ofensa para tumbarla del poder. Lo que ocurrió fue una maniobra de la oposición, parecido a un golpe de Estado, pero por la vía legal”, afirma el experto, y advierte que el hecho será dañino para la democracia del continente, que ve a Brasil como un referente.
