La Fiscalía boliviana confiscó los dos aviones de la aerolínea Lamia que estaban desde 2014 en un hangar militar en el centro del país, dentro de las investigaciones del accidente de la aeronave que transportaba al club brasileño Chapecoense y que se estrelló hace una semana en el oriente antioqueño.
La acción fue dirigida por la fiscal Jacqueline Ponce, quien estuvo acompañada por miembros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), en cuyo hangar en la ciudad de Cochabamba se encontraban los aviones Avro Regional Jet 85 para un mantenimiento.
Tras una inspección, la Fiscalía “dispuso el precintado” de las aeronaves, señala un comunicado de la Fuerza Aérea.
“Estas aeronaves están ahora a disposición del Ministerio Público, dentro de la investigación”, dijo a los medios Ponce.
Los aviones fueron confiscados “como elementos relacionados con el delito o como producto del delito” y es probable que sirvan “para el pago de daños y perjuicios”, explicó la fiscal.
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Indicó que el Ministerio Público investiga a los copropietarios de Lamia y a una funcionaria del organismo de control de vuelos del país que cuestionó el plan de vuelo del avión de Lamia antes del accidente en Colombia.
Los delitos por los que son investigados son “incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, desastres en medio de transporte, homicidio, homicidio culposo, lesiones gravísimas y lesiones culposas”, agregó Ponce.
Por su parte, la FAB también informó de que inició un proceso penal a Lamia por una deuda equivalente a unos 48.200 dólares por servicios de mantenimiento prestados entre abril y octubre de 2014.
El único avión de Lamia que prestaba servicios se estrelló el pasado 28 de noviembre a pocos kilómetros de la pista del aeropuerto de Medellín.
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El accidente provocó la muerte de 71 de sus 77 ocupantes y solo seis personas sobrevivieron a la tragedia: tres futbolistas, un periodista y dos miembros de la tripulación.
Fiscales de Bolivia, Brasil y Colombia se reunieron en la ciudad boliviana de Santa Cruz para compartir información y analizar los próximos pasos en las investigaciones, así como constituir una comisión tripartita para trabajar en conjunto.
El director general de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, estuvo hasta hace unas horas en custodia policial en un hospital cruceño, donde fue internado para una evaluación sobre su salud, tras haber sido detenido el martes.
Tras recibir el alta, Vargas Gamboa fue trasladado esta tarde a celdas policiales, donde deberá permanecer a la espera de una audiencia cautelar.
Otras dos personas que fueron detenidas este martes junto a Vargas, una secretaria y un empleado técnico de Lamia, prestaron declaración la madrugada de este jueves y fueron liberadas.
