La crisis de Venezuela es un asunto de dualidades. Ayer, mientras la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, arremetía contra las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos anunció –por partida doble– más medidas que buscan asfixiarlo.
Comenzando por la ONU, este país fue el tema central durante la sesión número 40 del Consejo de Derechos Humanos. Bachelet, aunque aceptó que “la situación en Venezuela ilustra claramente la manera en que la violación de los derechos civiles y políticos, incluyendo la falta de respeto a las libertades fundamentales y a la independencia de instituciones claves, puede acentuar el declive de los derechos económicos y sociales”, indicó que las sanciones al régimen agravan la crisis.
Y mientras la alta comisionada refutaba el cerco contra el chavismo, el gobierno de Estados Unidos anunciaba más medidas. Mike Pence, vicepresidente, indicó que fueron anuladas las visas de 77 personas cercanas al gobierno, mientras que el asesor de seguridad nacional, John Bolton, aseguró que su país está listo para sancionar a las instituciones financieras extranjeras que faciliten “transacciones ilegítimas que beneficien a Maduro y a su red corrupta”.
Pero, ¿qué tanto afectan las sanciones norteamericanas a la gente? Robert NG, profesor de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Medellín, asegura que “las sanciones actuales poco llegarán al pueblo”. No se trata de un asunto contra la ciudadanía, sino que en el contexto actual “no hay una empresa que quiera llevar capitales al país mientras no haya una transición”. Y es que se trata de una nación cuya inflación ronda el 2.688.670 %, según indicó la Asamblea Nacional.
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