La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes, tras un maratónico debate, el juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera por su vinculación en la polémica venta de la minera Dominga, en una operación realizada en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Los parlamentarios lograron los 78 votos que se requerían para que la acusación que busca la destitución del presidente de Chile avanzara hacia el Senado.
La votación, que se extendió 24 horas en la Cámara Baja, finalmente terminó con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones.
Con este paso, el mandatario queda con prohibición de salida del país, pero puede seguir ejerciendo sus funciones hasta que la acusación llegue a la Cámara de Senadores, en la que el juicio político será debatido días antes de que Chile celebre elecciones presidenciales el próximo 21 de noviembre. En el Senado se necesitan dos tercios de los votos.
“Estamos viviendo un momento histórico y ha sido posible con la unidad de la oposición”, dijo el diputado socialista Jaime Naranjo, quien realizó un discurso maratónico de 15 horas para leer 1.300 páginas de argumentos a favor de la acusación.
La táctica dilatoria buscaba dar tiempo a que se sumara otro diputado, Giorgio Jackson, que estaba en cuarentena hasta la medianoche por haber tenido contacto estrecho con el candidato presidencial de izquierda Gabriel Boric, quien dio positivo a covid-19.
“Lo que hemos visto ha sido un show”, dijo Juan José Ossa, ministro secretario general de la Presidencia. “Sentimos mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país”.
El abogado de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su defensa expuesta durante cinco horas ante el plenario y enfatizó: “Les ruego, honorables diputados y diputadas, rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional”.
“Esta acusación puede ser un golpe que puede dejar heridas para los siguientes gobiernos”, advirtió el abogado del mandatario.
La acusación constitucional, como se conoce en Chile a este recurso que busca la destitución de Piñera, fue presentada la primera semana de octubre por la oposición socialista y de izquierda.
Dominga, el negocio que causó el debate
Las presuntas irregularidades en la venta de la minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera a un empresario que sería amigo íntimo de la familia, tiene en aprietos al mandatario chileno en el cierre de su segundo periodo presidencial.
La transacción, por cerca de 152 millones de dólares, se habría sellado en Islas Vírgenes nueve meses después de que Piñera asumió la presidencia para su primer mandato (2010-2014).
La operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.
El presidente desestimó la acusación en su momento porque, a su juicio, “no tiene fundamento alguno”. El proceso que se adelanta en el Parlamento se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía chilena, a mediados de octubre, por la misma operación y por la que Piñera ya había sido investigado y y sobreseído en 2017.
