En Brasil caen cabezas. Dos semanas después de concluir el juicio político contra Dilma Rousseff, la Cámara baja del Congreso expulsó al que fue presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un conservador recalcitrante que engrosó las fuerzas políticas para iniciar el proceso de destitución de la exmandataria.
Con una mayoría abrumadora (450 votos a favor y solo 10 en contra), la Cámara le prohibió a Cunha ejercer cargos políticos en los próximos ocho años e incluso podría conducirlo a un arresto, teniendo en cuenta que el político perdió sus derechos parlamentarios.
Un juez lo había acusado hace dos meses de obtener al menos cinco millones de dólares de la red de corrupción que operó la empresa Petrobrás y de tener ese dinero oculto en cuentas secretas de bancos suizos.
Si bien el evangélico de 56 años, propietario de más de 150 dominios de internet con el nombre “Jesús”, negó con ímpetu las acusaciones, fue la misma justicia suiza la que demostró que el dinero del también economista estaba a su nombre en bancos de ese país.
Para Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Centro Wilson para la Investigación, la noticia es un respiro, teniendo en cuenta que Cunha, a quien describe como un “político habilidoso, con acusaciones gravísimas encima y que hace cualquier negocio sin parámetro ético de las implicaciones”, tuvo oportunidad de ascender de llevar las riendas del país, “y eso hubiera sido desastroso para la democracia, la economía y los ánimos de los brasileros, que ya estamos hasta la coronilla de la corrupción”.
Y es que hasta hace unos meses, Cunha era el tercero al mando en Brasil, y de hecho pudo haberse convertido en presidente interino de ese país si el vicepresidente, Michel Temer, no tuviera facultades para ejercer la sustitución durante el proceso de juicio político contra Rousseff.
“Esto demuestra que Brasil no tolerará más a un político que convirtió al Congreso en un contador de negocios para sobornos y favores”, dijo a medios el legislador Rubens Bueno, del Partido Socialista Popular, y añadió que Cunha aceptó sobornos de empresas y les dio instrucciones para que donaran a las campañas de sus aliados.
Cruzada contra la corrupción
Para Virgilio Afonso da Silva, docente de derecho constitucional de la Universidad de Sao Paulo, el juicio contra Rousseff fue “más político que jurídico”, ya que lo decidió un Parlamento, y tuvo una variable adicional: el hecho de que Cunha, “suspendido y con una hoja de vida oscura”, dirigiera el proceso dentro de la Cámara de Diputados.
“Es uno de los más grandes enemigos políticos de Rousseff, a pesar de que pertenece al mismo partido que que fue el vicepresidente Michel Temer, ahora también a su enemigo político”, dijo da Silva, a quien le siguen preocupando las recientes rneuncias de ministros de Temer después de que el contenido de algunas interceptaciones legales se hiciera público, y en las que funcionarios mencionaban que la destitución de Rousseff se dio como una manera de detener las investigaciones criminales que se están realizando contra varios políticos.
De hecho, la caída de Cunha significa una amenaza de derribar a otros, si se revelan nuevos casos de corrupción entre funcionarios del nuevo Gobierno, que incluso podrían descarrilar el ambicioso programa de reforma fiscal de Temer.
Y es que Cunha ha advertido que, en un acuerdo con la fiscalía, podría dar a conocer nuevos nombres en una una clase política donde al menos 50 personas ya están bajo investigación por aceptar sobornos en el escándalo de Petrobras.
De hecho, alrededor del 60 % de los 513 legisladores en la Cámara Baja de Brasil están bajo investigación por diversas acusaciones, según el grupo de control Transparencia Brasil.
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