El traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota en Bogotá abrió un nuevo frente de discusión en medio de la investigación judicial del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El exdirector y exsubdirector de la entidad, respectivamente, considerados testigos clave en los procesos por el presunto direccionamiento de contratos y la apropiación de recursos públicos, dejaron las guarniciones militares en las que permanecían recluidos y fueron llevados a un establecimiento penitenciario ordinario por decisión del Inpec.
La orden la dio el presidente Abelardo de la Espriella. La medida provocó cuestionamientos por sus condiciones de seguridad, particularmente porque ambos tienen compromisos de colaboración con la Fiscalía y deben declarar contra otras personas vinculadas al entramado, entre las que están dos exministros del Gobierno del expresidente Gustavo Petro.
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Sin embargo, el cambio de establecimiento no implica, por sí mismo, que López y Pinilla pierdan los beneficios judiciales que tienen vigentes.
Así lo explicó a EL COLOMBIANO el abogado penalista Sebastián Rondón, quien hizo una distinción entre la situación jurídica de los dos procesados y las condiciones materiales en las que cumplen sus medidas de aseguramiento y las penas impuestas en algunos de sus procesos.
“No cambia la situación jurídica”, respondió Rondón al ser consultado sobre las consecuencias que podría tener el traslado desde los centros de reclusión militar hasta La Picota para la colaboración que mantienen con la justicia.
El jurista también explicó que el lugar en el que una persona permanece privada de la libertad no determina, por sí mismo, la vigencia de los acuerdos judiciales que ha obtenido dentro de sus procesos.
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En el caso de López y Pinilla, precisó que los principios de oportunidad que fueron aprobados por jueces de control de garantías conservan su eficacia jurídica pese al cambio de establecimiento penitenciario.
La precisión resulta relevante porque los dos exdirectivos no solo responden por su participación en el escándalo de corrupción, sino que también se comprometieron a colaborar con la Fiscalía mediante la entrega de información y sus declaraciones contra otros exfuncionarios.
En consecuencia, el traslado a la cárcel no deja sin efecto automáticamente esos compromisos ni significa que los beneficios concedidos hayan sido revocados.
Cualquier modificación de sus condiciones jurídicas tendría que examinarse a partir de las decisiones judiciales correspondientes y de las reglas aplicables a cada acuerdo.
La preocupación de Rondón está en otro punto: los eventuales riesgos que pueden surgir si los dos testigos terminan compartiendo espacios dentro del mismo establecimiento penitenciario con personas sobre las cuales han entregado información o contra quienes están comprometidos a declarar.
En La Picota, a donde fueron trasladados Sneyder Pinilla y Olmedo López, se encuentra también el exsenador Wadith Manzur, investigado en el mismo caso de UNGRD.
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El abogado advirtió que la coincidencia en una misma cárcel, e incluso en un mismo patio, podría generar situaciones que afecten tanto la integridad de los colaboradores como el desarrollo de las investigaciones.
Su preocupación no se limita a la posibilidad de una amenaza directa, sino que también incluye eventuales contactos capaces de interferir en las versiones que López y Pinilla deben entregar ante las autoridades.
El penalista fue cuidadoso en señalar que no se trata de consecuencias que puedan darse por sentadas. “Son escenarios hipotéticos y son riesgos”, aclaró.
Es decir, no afirmó que los exdirectivos necesariamente vayan a sufrir amenazas, que vayan a tener contacto con las personas a las que señalaron o que sus declaraciones hayan sido alteradas.
La advertencia del jurista coincide con las preocupaciones que el propio ente acusador había expresado antes del traslado y que se conocieron públicamente ayer.
El 16 de septiembre pasado, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó que López y Pinilla permanecieran en los centros de reclusión militar donde se encontraban, al considerar que su traslado a cárceles ordinarias podía poner en riesgo su integridad y su condición de testigos de cargo en las investigaciones por el saqueo a la UNGRD.
La petición fue dirigida al teniente coronel Raúl Llano, director de Centros de Reclusión Militar.
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Según la información conocida sobre esa solicitud, la Fiscalía recordó que existían decisiones judiciales previas que habían determinado sus lugares de reclusión teniendo en cuenta las condiciones de riesgo para su seguridad.
Olmedo López permanecía en el Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas, en Puente Aranda, mientras que Sneyder Pinilla estaba recluido en el centro militar del Batallón de Artillería, en Usme.
El ente acusador consideraba que su condición de colaboradores y testigos en procesos que involucran a altos funcionarios y figuras políticas hacía necesario mantener medidas especiales de protección. La petición de la Fiscalía fue anterior al traslado ejecutado el 6 de octubre.
Ese día, el Inpec llevó a ambos a La Picota, en cumplimiento de la decisión anunciada por el Gobierno.
El presidente De la Espriella defendió la medida con el argumento de que su administración no mantendría condiciones carcelarias privilegiadas para personas investigadas o condenadas por delitos contra los recursos públicos. “En mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios”, sostuvo.
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Preguntas y respuestas
- ¿Olmedo López y Sneyder Pinilla perdieron sus beneficios judiciales tras ser trasladados a La Picota?
- No. Según el abogado penalista Sebastián Rondón, consultado por EL COLOMBIANO, el traslado de los exdirectivos de la UNGRD a la cárcel La Picota no modifica por sí mismo su situación jurídica ni deja sin efecto los principios de oportunidad aprobados por jueces de control de garantías. Cualquier cambio tendría que responder a las decisiones judiciales correspondientes.
- ¿Por qué trasladaron a Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota?
- El Inpec trasladó a Olmedo López y Sneyder Pinilla a La Picota, en Bogotá, el 6 de octubre de 2026, por decisión del Gobierno. El presidente Abelardo de la Espriella defendió la medida al afirmar que su administración no mantendría condiciones carcelarias privilegiadas para personas investigadas o condenadas por delitos contra los recursos públicos.
- ¿Qué riesgos enfrenta la colaboración de Olmedo López y Sneyder Pinilla con la Fiscalía?
- El principal riesgo señalado por el abogado Sebastián Rondón es la posibilidad de que los exdirectivos compartan espacios penitenciarios con personas sobre las cuales han entregado información o contra quienes deben declarar. Esa situación podría generar riesgos para su seguridad o interferir en el desarrollo de las investigaciones. El abogado aclaró que se trata de escenarios hipotéticos, no de amenazas o interferencias comprobadas.
- ¿Por qué la Fiscalía pidió que Olmedo López y Sneyder Pinilla siguieran recluidos en guarniciones militares?
- La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó el 16 de septiembre de 2026 que ambos permanecieran en los centros de reclusión militar donde estaban detenidos. Según la información conocida sobre esa petición, el organismo advirtió que trasladarlos a cárceles ordinarias podía poner en riesgo su integridad y su condición de testigos de cargo en las investigaciones por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
