La citación para imputación de cargos a Laura Camila Sarabia Torres, la antigua mano derecha del expresidente Gustavo Petro, tiene como telón de fondo una fallida negociación de su defensa, que trató de desviar el caso de la justicia penal a la restaurativa.
Sarabia, quien fue jefa de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y embajadora de Colombia en el Reino Unido en el gobierno anterior, deberá asistir a la audiencia en Bogotá el próximo 14 de septiembre, donde la Fiscalía le imputará los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.
El ente acusador recordó este martes que “los hechos están relacionados con lo acontecido entre el 27 y 29 de enero de 2023, cuando la señora Marelbys Meza (su niñera y empleada del aseo) habría sido constreñida a someterse a una prueba de polígrafo luego de la pérdida de una maleta de propiedad de Sarabia Torres, que contenía documentación y dinero”.
Por esa situación, ya hay cuatro policías condenados en primera instancia, y otros en proceso de juicio, tras resultar involucrados en la logística para la interceptación del teléfono de Meza y los interrogatorios posteriores.
Además, el caso se enrareció por la muerte en extrañas circunstancias del coronel Óscar Dávila, coordinador del Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia de la República.
El oficial era sospechoso de participar en esta trama de chuzadas ilegales, y el 9 de junio de 2023 murió por un disparo en la cabeza dentro de una camioneta de la Policía, en Bogotá.
La Fiscalía certificó inicialmente que se trató de un suicidio, pero luego han surgido versiones extraoficiales dentro de la propia Policía y de exfuncionarios del Gobierno, que no descartan un asesinato.
En el caso de Sarabia, su defensa intentó que el caso no avanzara hasta la imputación. Los abogados Mauricio Pava y Mario Iguarán trataron de llegar a un acuerdo de justicia restaurativa con la víctima, evitando la acción penal mediante una compensación económica.
Sin embargo, ni Meza ni el ente acusador aceptaron la propuesta, a pesar de que fue presentada en unas cinco oportunidades, de acuerdo con fuentes cercanas al caso. Para la Fiscalía, las evidencias conocidas hasta ahora ameritan llevar a la exfuncionaria al estrado.
Pero, ¿en qué consiste la justicia restaurativa que intentó invocar Sarabia? En esencia, se trata de una mediación entre las partes, en la cual se promueve una conciliación que solucione el conflicto sin necesidad de avanzar hacia un juicio o una sentencia.
La propia Fiscalía cuenta con un manual para este tipo de procedimientos, el cual se puede aplicar cuando hay voluntad entre el presunto victimario y su víctima, según el delito cometido.
Esta forma de justicia está contemplada en el Código de Procedimiento Penal colombiano. El artículo 518 precisa: “Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador”.
Y añade que “se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad”.
El abogado penalista Óscar Santamaría Puerta, consultado por EL COLOMBIANO, reiteró que “la justicia restaurativa es una forma de no llevar un proceso penal al juicio, sino de darle una terminación por medio de mecanismos alternativos como la reparación, la indemnización o las excusas públicas, entre otros”.
El experto recalcó que “no todos los delitos permiten aplicar la justicia restaurativa. Por ejemplo, se puede con el hurto simple, pero no con el hurto calificado y agravado; podría usarse con el homicidio culposo (como el de los accidentes de tránsito), pero no con el doloso (premeditado). Aceptarlo es parte de la discrecionalidad del fiscal”.
Frente al caso puntual de Sarabia, el abogado Santamaría estimó que “la Fiscalía hizo bien en no aceptarlo, porque se trata de una funcionaria de alto perfil del gobierno y la víctima fue sometida a muchos maltratos. Tal vez si esto hubiera sido entre ciudadanos comunes, se podría solucionar con la conciliación, pero no es el caso”.
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