A menos de 40 días de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, continúa la controversia por el incumplimiento de la orden judicial que dispuso eliminar el régimen tarifario especial aplicado al servicio de energía eléctrica en la región Caribe.
Los personeros de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, y de Santa Marta, Edwar Orozco, denunciaron que el Gobierno nacional aún no ha adoptado las medidas necesarias para desmontar la sobretasa de comercialización que siguen pagando cerca de tres millones de usuarios atendidos por Air-e y Afinia.
Los funcionarios, quienes promovieron la acción popular que dio origen al proceso judicial para reducir las tarifas de energía en la Costa Caribe, sostienen que la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, posteriormente ratificada por el Consejo de Estado, ordenó adelantar todas las actuaciones administrativas necesarias para desmontar el régimen especial de comercialización que incrementa el costo del servicio en la región.
Para los personeros, esta demora mantiene vigente un cobro que únicamente asumen los usuarios del Caribe, pese a que los jueces concluyeron que ese régimen transitorio vulnera los derechos colectivos de los consumidores.
”Esta decisión del Consejo de Estado es histórica. Respalda la acción popular que ordenó reducir las tarifas y ponerle fin a la gran injusticia que se estaba cometiendo con nuestra región en materia de energía eléctrica”, manifestaron Alzate y Orozco en un comunicado conjunto.
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No obstante, lamentaron que, pese al fallo definitivo, el Gobierno no haya permitido la eliminación total del régimen especial. Incluso señalaron que, por el contrario, la medida fue prorrogada, lo que consideran contrario a lo ordenado tanto por el Tribunal Administrativo del Atlántico como por el Consejo de Estado.
Los funcionarios también revelaron que la propia Creg había advertido al Ejecutivo sobre las consecuencias jurídicas de mantener vigente ese esquema. Según indicaron, el 28 de noviembre de 2025 la entidad envió una comunicación al presidente Gustavo Petro y al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en la que advertía que prorrogar el régimen especial podía constituir un desacato a la orden judicial.
En esa carta, la Comisión señaló que la resolución ministerial que buscaba extender el régimen transitorio “no sigue la senda ordenada por el Tribunal Administrativo del Atlántico”, el cual había dispuesto que tanto el Ministerio como la Creg debían adoptar todas las actuaciones administrativas encaminadas a reducir las tarifas del servicio de energía en la región Caribe.
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La advertencia fue aún más allá. De acuerdo con los personeros, la Creg indicó que implementar medidas contrarias a lo ordenado por el Tribunal podría ser interpretado como un desacato judicial y poner en riesgo los avances alcanzados en la disminución de las tarifas.
Además, recordó que la expedición de la nueva metodología de comercialización implicaría la desaparición automática del régimen transitorio especial, razón por la cual insistió en que esa decisión debía adoptarse para cumplir plenamente con el fallo.
”Es decir, la Creg les dijo al Presidente y al Ministro de Minas que estaban frenando el proceso de reducción de las tarifas de energía que ordenó el Tribunal Administrativo del Atlántico”, sostuvieron Alzate y Orozco.
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Los personeros insistieron en que mantener vigente la sobretasa sigue afectando a millones de hogares de la Costa Caribe, que continúan pagando facturas de energía más altas que las de otras regiones del país. Por ello, hicieron un llamado al Gobierno nacional para que, antes de concluir su mandato, dé cumplimiento a la decisión del Consejo de Estado y elimine definitivamente el régimen tarifario especial que, según los fallos judiciales, resulta contrario a los derechos de los usuarios del servicio eléctrico.
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